Santiago García. Xalapa, Ver. La emisión de 100 mil certificados de estudios por parte de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz de manera irregular, es sólo la punta del iceberg, de los problemas que existen en esa institución, pues se han denunciado desvíos de recursos millonarios, fraudes en la emisión de los títulos profesionales, protección a maestros acosadores y amenazas a estudiantes que en su momento presentaron denuncias penales por estas situaciones.
Maestros y alumnos de la UPAV aseguraron que de esta situación, siempre estuvo enterado el ex rector Guillermo Zúñiga Martínez, quien intentó frenar la ola de corrupción.
Con el arribo del pasado rector Andrés Blancas Portilla, las irregularidades e ilegalidades dentro de la UPAV se salieron de control, al grado de que crecieron el número de denuncias por parte de alumnos y catedráticos.
Ahora con la designación de Maribel Sánchez Lara al frente de la UPAV, docentes y estudiantes advierten que la situación tampoco mejorará, pues ya le plantearon varias irregularidades y no mostró interés en resolverlas.
Además de que se emitieron 100 mil certificados de estudio de manera irregular es cierto, señalaron que se cometieron fraudes, extorsiones y amenazas para la emisión de tales documentos.
La mayoría de los maestros de las carreras de Derecho y Criminología fueron amenazados con aprobar a alumnos que nunca asistieron a clases, pues los directores ya habían aceptado cobrar cuotas fuera de lo establecido, a estudiante, principalmente empleados de la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado y de Ayudantía.
“Los alumnos tenían que pagar 2 mil pesos al cuatrimestre y los pagaban estas personas, pero además le daban otros 2 mil pesos por alumno al director, y ese dinero se lo quedaban ellos. A nosotros nos exigían que les pusiéramos las asistencias y calificación aprobatoria, pero como nos negamos, muchos fueron despedidos, otros más amenazados y al final simplemente ellos desde la administración se encargaban de llenar las boletas y certificados”, relataron.
Aseguraron que prácticamente todo el personal de Ayudantía del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa obtuvo certificados de preparatoria y licenciatura bajo estos acuerdos.
Preparatoria, el gran negocio
Otros casos de corrupción se presentaron en la expedición de certificados de bachillerato, donde muchas personas que carecían de ese documento, se les ofrecía la posibilidad de obtenerlo a través de un examen único.
Esto en un principio, dijeron, operó como un buen programa, para aquellas personas que habían realizado la preparatoria o parte, pero que nunca pudieron regularizar su situación académica, sin embargo de inmediato se desvirtuó y lo vieron como una “mina de oro”.
“El problema es que por la desidia, la flojera y la necesidad de tener rápido el documento, entonces todos pedían el examen único en lugar de cursar la preparatoria en año y medio. Esto provocó que se comenzara a cobrar dinero extra a cambio de pasar el examen, porque muchos lo reprobaron, y hablamos de gente que trabaja en dependencias de gobierno, en el Poder Judicial, en el Congreso y hasta reporteros que les urgía para conseguir plaza de maestros” expresaron.
Este problema, en un principio fue detectado por Guillermo Zúñiga Martínez y contuvo un poco la corrupción en esta modalidad exigiendo que tenían que aprobar el examen para emitirles el certificado de bachillerato, pero fue tal la cantidad de solicitudes que ya no se pudo frenar.
Maestros y personal administrativo de la UPAV estimaron que al menos unas 60 mil personas en todo el Estado obtuvieron su certificado de bachillerato a través del examen único y sólo una mínima parte aprobándolo y la gran mayoría con sobornos.
Las denuncias
Otro hecho de corrupción dentro de la UPAV se presentó cuando a los alumnos se les comenzó a cobrar la inscripción y las mensualidades dentro de los mismos planteles, aprovechando la desidia de los estudiantes por ir al banco a pagar su arancel correspondiente, a pesar de que está prohibido dentro del reglamento escolar.
En este caso, algunos maestros y directores de carrera lo que hicieron fue quedarse cada cuatro meses con los 2 mil pesos correspondientes al cuatrimestre y 2 mil pesos de inscripción, pues nunca lo depositaron a las cuentas bancarias del Fideicomiso creado por la UPAV.
Por lo que al llegar el momento de graduarse y tramitar su título, no pudieron hacerlo pues la administración de la UPAV tenía el registro de que no habían hecho ningún pago.
Derivado de esto fueron denunciados Alberto Gómez Mariaca y Carlos Alberto Montero Irigoyen, directores de la carrera de Criminología, así como Jorge Sarquiz Zúñiga, director de la carrera de Derecho y sobrino del ex rector Guillermo Zúñiga Martínez.
Debido a que se acumularon más de 200 denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, Zúñiga Martínez decidió negociar con los estudiantes que desistieran de las denuncias a cambio de la titulación automática.
Sin embargo, hubo algunos alumnos que no tuvieron la misma suerte y fueron obligados a pagar nuevamente todas las inscripciones y mensualidades para obtener la titulación.