Agencias. Xalapa, Ver. - El ex contralor General del Estado de Veracruz, Iván López Fernández, rechazó haber avalado legalmente la construcción de obras fantasmas en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, prófugo de la justicia.
El ex funcionario estatal, quien aparece en una denuncia presentada por la Contraloría General por la existencia de cuatro obras fantasmas por casi 400 millones de pesos, aseguró que no estaba dentro de sus competencias legales verificar el avance físico de las mismas.
Con documentos en mano, explicó que dentro de sus funciones estaba “certificar” que los más de mil millones de pesos obtenidos de un crédito con Banobras estuvieran en las cuentas bancarias, pero jamás “certificar” el avance de las obras.
El ex servidor público precisó que cuando abandonó el cargo el 10 octubre del 2013, los recursos económicos aún seguían en las cuentas bancarias, por lo que desconoce el uso que posteriormente se le dio a ese dinero.
Denunció que el ahora Contralor, Ricardo García Guzmán, presentó ante las autoridades ministeriales documentos falsos e incluso con su firma alterada para poder denunciar las irregularidades en el uso de los recursos públicos del dinero de Banobras, ejercido a través del Programa de Financiamiento para la Infraestructura y Seguridad en los Estados (Profise).
Y es que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa reportó de manera legal la construcción de cuatro obras, dos de ellas de gran envergadura, por cerca de 400 millones de pesos, sin embargo las edificaciones sólo ocurrieron en el papel, pues en la realidad algunas ni siquiera tienen una piedra.
Se trata del Periférico del Sur de la ciudad de Xalapa, una obra largamente esperada por los habitantes de la capital de Veracruz y anunciada desde el año 2012; un Centro de Readaptación Social en el municipio de Medellín de Bravo que sólo cuenta con paredes perimetrales.
Así como unas bodegas en las oficinas centrales del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ubicadas en lo que era el antiguo Museo del Transporte que servirían para almacenar desayunos infantiles y complementos para adultos mayores; y una remodelación del planetario del Museo Interactivo de Xalapa.
En las pruebas documentables entregadas a las autoridades ministeriales, se presentaron oficios de los entonces contralores Generales del gobierno duartista, Iván López Fernández y Mauricio Audirac, en los cuales presuntamente “certificaron” de manera legal el uso de recursos públicos de 17 obras que utilizaban dinero del crédito de Banobras y del Profise.
Al respecto, el ex contralor detalló que una vez que el Congreso aprobó la contratación del crédito, Banobras dispersó los recursos a las arcas estatales y de ahí se canalizaron a las dependencias ejecutoras de las obras.
“El contrato establece que tiene que haber de parte del organismo interno de control una certificación de que los dineros se recibieron y de que están listos para aplicarse, esa es la certificación de los documentos, no una certificación de obras; además como normativa interna de la Contraloría no puedo certificar obras, es solo una certificación presupuestal”, manifestó.
El ex funcionario que tomó protesta del cargo cuando llegó Javier Duarte a la gubernatura (el 1 de diciembre del 2010), presentó documentos para denunciar que las pruebas aportadas al ministerio público son falsas.
“La documentación es falsa, las firmas no concuerdan, los controles internos de los oficios no corresponden, es falsa la documentación. Son falsos, no es mi firma, no tiene los controles que yo tenía para certificar mi información”, afirmó.
Precisó que los documentos presentados al Ministerio Público carecen de imágenes que contenían las hojas oficiales en ese entonces, los sellos de recibidos tanto de la Secretaría Privada del Gobernador como de la Secretaría de Finanzas y Planeación, tampoco tienen una firma de control interno y además que su firma no concuerda.
Aseguró que entre las pruebas aportadas se incluyeron diversos oficios que supuestamente emitió en un plazo de tres días, pero al revisar la numeración significaría que en ese corto tiempo emitió 200 oficios, lo cual es imposible.
Precisó que la Contraloría no tiene facultades para revisar las obras físicamente y que esa facultad le correspondía al Banco Nacional de Obras y Servicios y a las Secretarías de Despacho que estaban encargadas de ejecutar las obras.
Ante ello, advirtió que procederá legalmente en contra del actual Contralor General, Ricardo García Guzmán por tratar de involucrarlo y presentar documentación falsa a las autoridades ministeriales.
Fuente: El Universal