Juan David Castilla. Xalapa, Ver. Una violación a los derechos humanos representa la vinculación a proceso contra Gabriel Deantes Ramos por el delito de enriquecimiento ilícito, alegó su defensa, pese a que las pruebas fueron suficientes e idóneas, para confirmar que el exfuncionario estatal incrementó su patrimonio por más de 50 millones de pesos como servidor público.
Durante la madrugada del miércoles, en la sala 3 del penal de Pacho Viejo, el juez de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Marco Antonio Domínguez Lobato, dictó auto de vinculación a proceso contra el exfuncionario del gobierno estatal, que encabezó Javier Duarte de Ochoa, ahora prófugo de la justicia.
Deantes Ramos fue oficial mayor en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y titular de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad (Stpsp), en el periodo 2011-2016. Seis años en que obtuvo un aumento patrimonial desproporcionado.
Sus cuatro litigantes, miembros del bufete de abogados López & Asociados, argumentaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) cometió un agravio contra el exservidor público.
De acuerdo con el abogado José Javier López García, no se siguió de manera adecuada el procedimiento, ni los términos establecidos que garantizaban un debido proceso.
"Se trata de una violación a sus derechos humanos porque no se le dio el derecho de audiencia, ni se le informó que podía estar con su defensor para su declaración".
A su juicio, las pruebas presentadas por el fiscal José Tomás Francisco son ilícitas, pues los 14 pagarés por un monto superior a los 39 millones de pesos fueron adquiridos antes de que asumiera el cargo de Oficial Mayor de la SEV, en 2011.
"No pueden tomarse en consideración los datos de prueba. Esas pruebas están viciadas de licitud, se obtienen con base en afirmaciones y una tesis que no es la correcta. La Fiscalía trata de hacer ver cosas malas donde no la es. No hay nada raro en el patrimonio de mi cliente".
El Fiscal mostró tarjetas informativas de las cuentas bancarias de Deantes Ramos, mismas que mostraron un aumento de 10 millones 845 mil 200 pesos, datos de prueba también ilícitos para la defensa.
El Juez de Control invalidó la solicitud de los abogados de Deantes y procedió en su contra. Podría ser acreedor a una sanción de tres a diez años en prisión o una multa de hasta 600 días de salario mínimo.
Los alegatos de los jóvenes abogados no impidieron que su cliente fuese vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito.