Naldy Rodríguez. Xalapa, Ver. La violencia laboral y discriminación hacia las mujeres es sistemática en el Poder Judicial. Se trata del sometimiento de los que tienen un poco de poder hacia la clase trabajadora. El maltrato se da en todos los niveles y con una –presunta- red de complicidad de la cual tiene conocimiento su presidente, Alberto Sosa Hernández.
Griselda Herrera López, quien ahora reside en España, fue víctima de violencia y discriminación en el ámbito laboral. Ella era secretaria de Estudio y Cuenta en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV).
En el 2012, la abogada presentó el primer juicio de amparo y ahora su caso lo llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo piensa plantear también en la Comisión Internacional del Trabajo para que haga una revisión de las condiciones generales labores y los tratados firmados por México en la materia con el Poder Judicial del Estado.
Ella es una de las 22 mujeres que tienen demandas por despidos injustificados, discriminación y por “responsabilidad de carga familiar” y que hacen presumir acciones sistemáticas al interior del poder encargado de impartir justicia.
“No es una acción aislada sino sistemática sobre ciertos colectivos o mujeres que son estudiosas, que no son corruptas, que tienen responsabilidades familiares, empiezan a vivir acciones de acoso y discriminación”, asegura en entrevista para El Heraldo de Xalapa.
El modus operandis –según denuncian las víctimas- es el siguiente: Se trata de maltratar a la mujer para que ella no soporte y renuncie. Lo hacen cuando se encuentran más vulnerables -embarazadas o en periodo de lactancia- y les dan en su punto débil, sus hijos.
El perfil de las mujeres acosadas son profesionistas con maestría o doctorado, algunas con premios otorgados en el extranjero, porque “no quieren que brillen ni destaquen”.
“Son todos, los consejeros hombres que llegan y te levantan un acta por hechos falsos, porque quieren el cargo, para que no subas más y rompas el techo de cristal. Lo ejercen todos los que tienen un poco de poder contra los que pudieramos llegar a ascender”, declaró la abogada y activista social.
La ex trabajadora del TSJEV explicó que son pocos los casos de despidos injustificados y violencia laboral que se llegan a denunciar porque existe un vacío legal en la Ley en la materia que las deja sin protección, pero también porque les da “vergüenza” admitir que son víctimas de algún tipo de violencia.
“Hay una laguna legal y eso permite que los maltratadores se ensañen con nosotras pero al máximo. Al demandar en la instancia laboral, algunos casos los están enfocando como discriminación, otras por despido en maternidad, otras por responsabilidad de carga familiar y pidiendo que se analice a través de la perspectiva de género que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
A invitación de la Federación de Abogados del Estado de Veracruz, Herrera López ofrecerá esta semana conferencias en diferentes regiones del estado de Veracruz con el tema de acoso laboral y las instancias internacionales para garantizar los derechos humanos.
Embarazadas y discriminadas
Otra característica de las mujeres que son despedidas en el Tribunal Superior de Justicia del Estado es que se encuentran embarazadas o acaban de ser madres, asegura Griselda Herrera López, quien cuenta con estudios de posgrado en México y España.
En su caso, dijo, llegó la magistrada Irma Dinorah Guevara Trujillo y les cambió las condiciones generales de trabajo, de ser empleados de base los pasa al “contrato”, quitándoles el nombramiento a varios de esa sala.
Griselda Herrera se encontraba embarazada cuando eso ocurrió y con amenaza de aborto tuvo que regresar a trabajar. Después le quitaron el permiso de lactancia para que cubriera la carga de laboral.
Entró desde los 19 años al TSJEV, con la magistrada Ema Rodríguez, trabajando desde los más humildes puestos de ese sistema, pero pudo escalar a través de la carrera Judicial.
“En la discriminación no solo proviene de los hombres, también existen casos de acoso de mujer hacia mujer, lo que pasa es que están en un cargo superior y que tienen el poder para despedirte o maltratarte”, afirmó.
Cuando maltratas a una mujer embarazada, aseguró, violas también derechos del menor en consecuencia.
El caso llega a la CIDH
Los casos denunciados por mujeres en las instancias legales están en diferentes etapas, unos en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, otros en amparo resuelto pero con la resistencia de los integrantes del Poder Judicial para acatarlo.
Pero el caso de Griselda Herrera ya llegó a la CIDH, órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos.
La abogada explicó que ante el fallo del estado mexicano y el obstáculo para poder acceder a la justicia –su caso lo mandaron a Cancún, estando en Veracruz-, tuvo que pedir a la Corte Interamericana la protección de sus Derechos Humanos. Para ello, contó con el apoyo de ONG`s de España y algunos abogados de Veracruz.
El caso se encuentra en estado de admisibilidad, porque la abogada solicitó que se puedan acumular los otros casos de las compañeras, como uno que esta por ratificar de violación de fuero de maternidad.
“Es la instancia a la que van a acudir otras compañeras que se encuentran en la misma situación y que no hemos encontrado justicia en nuestro país. Estamos buscando que se acumulen para que la Corte Interamericana vea que no son actos aislados sino que es una constante en el Poder Judicial de Veracruz”.
El proceso es largo, Griselda tendrá que vestirse de paciencia para que la CIDH admita su caso y posteriormente resuelva, pero se trata de dejar un precedente en la materia, para que los otros casos se resuelvan por jurisprudencia.