Juan David Castilla. Xalapa, Ver. Se prohíbe al extitular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, salir del país y se le exige un garantía económica de un millón de pesos, en su calidad de imputado por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
La jueza de Control de Distrito Xalapa, Veracruz, Estrella Iglesias Gutiérrez, resolvió dichas medidas cautelares para el exfuncionario de la actual administración estatal.
En audiencia de imputación, que duró casi cinco horas y fue celebrada en la Sala de Audiencias del Juzgado de Control, localizada en el penal de Pacho Viejo, la encargada del caso desechó que el anterior encargado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tuviese que presentarse de manera periódica.
El fiscal investigador de la Unidad de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial, Fernando Pensado Ortega, solicitó a la Jueza que fuera aplicada una garantía económica de cinco millones de pesos, situación que también fue rechazada.
"Además, se solicita que no salga del país porque cuenta con propiedades en el extranjero y existe un riesgo de fuga", expresó a los presentes.
Cinco residencias en un condado de Texas, valuadas en 2.4 millones de dólares, están a nombre de Bermúdez Zurita y de su esposa.
Las medidas cautelares serán aplicadas durante cuatro meses. Además, Bermúdez Zurita tendrá un plazo ampliado para el término constitucional de 144 horas, para que su defensa presente las pruebas correspondientes.
También se les imputan los delitos mencionados a Alejandro Contreras Uscanga, jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, y Roberto Esquivel Hernández, operador y socio de Bermúdez.
El primero deberá pagar una garantía económica de 20 mil pesos y no podrá salir del país; sin embargo, no tendrá que presentarse a firmar de manera periódica.
Esquivel Hernández también tendrá que permanecer en el país y deberá pagar una garantía económica de un millón de pesos, al estar involucrado en negocios que perjudicaron financieramente al estado.
En ese sentido, el Fiscal propuso a la autoridad judicial inmovilizar su cuenta bancaria, lo que fue denegado.
Los imputados tendrán tres días hábiles para que su defensa impugne la resolución.