Rogelio Hernández. Xalapa, Ver. Jubilados y pensionados aseguran que no hay dinero en la reserva técnica del Instituto de Pensiones del estado de Veracruz, cuyo desfalco ronda los 8 mil millones de pesos, además que de las casi 50 propiedades ya solamente quedan alrededor de diez.
La presidenta de la Asociación Civil, Mejor Calidad de Vida para Pensionados y jubilados, Dulce María Guevara Fernández, dijo que ante el desfalco que ha sufrido el Instituto de Pensiones del Estado sean buscado ya las instancia federales para dar conocimiento de los atracos que se han hecho al IPE, y que acusó los integrantes del consejo son cómplices.
Y es que añadió que los integrantes del consejo del Instituto de Pensiones son en su mayoría gente del gobierno y líderes sindicales vitalicios con más de 30 años, entre los que destacan Acela Servín, Levet Gorozpe y Ricardo Diz Herlindo, a quienes –dijo- consideramos cómplices.
Detalló, Guevara Fernández que los lideres vitalicios son cómplices en el entendido que no se ponen de acuerdo, “ya que uno dice que la deuda del gobierno del estado para con el IPE es de 4 mil millones y otro que de cinco, mientras Acela Servín dice que todo está bien, por lo que es claro que hay complicidad en el desfalco que se ha hecho”.
Durante entrevista, la presidenta de la Asociación Civil, Mejor Calidad de Vida para Pensionados y jubilados, informó que ante la situación que se vive en Veracruz se han buscado las instancias federales, por lo que se emitió un oficio dirigido al presidente de la Republica, Enrique Peña Nieto y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y posteriormente a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
“Definitivamente en Veracruz ya agotamos instancias, por eso enviamos telegramas a la presidencia el 12 de julio, y el 22 de julio nos fuimos a la Ciudad de México una comitiva y entregamos oficios al presidente de la república, a la CNDH y posteriormente a la CEDH”, dijo.
Acotó que con los oficios se dio a conocer la situación que se vive en Veracruz y el problema financiero del IPE, ante la preocupación del saqueo de las finanzas, y ante la incertidumbre del pago de sus pensiones, por lo que se han visto en la necesidad de salir a las calles a pedir lo que después de haber trabajo y ahorrado, ahora les corresponde.
Entre los puntos que se dieron a conocer en su visita a la Ciudad de México recordó que están la falta de pago de la pensión móvil, atención médica especializada, ya que al ser adultos requieren de geriatras, además del pago del bono anula que ya tiene dos años sin que se los entreguen, mismo que de partida federal.
Dulce María Guevara, informó que el 99 por ciento de los jubilados tiene una enfermedad entre ellas discapacidades y problemas degenerativos, por ello la falta de pago oportuno merma su estado de salud.
Además lamentó la burocracia, y ejemplifico con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que para aceptar las denuncias les piden oficios, recetas médicas como prueba de que están pagando sus gastos médicos con otros ingresos.
Por las situaciones que se vienen dando en Veracruz, adelantó que la asociación civil Mejor Calidad de Vida Para los Pensionados y Jubilados buscará promover un amparo por la vía federal para asegurar el pago oportuno y de los pendientes.
Lamentó que las autoridades no tengan la sensibilidad para con los adultos mayores que han tenido que salir a la calle a pedir su pago, pues afirmo que ya sean presentado problemas de salud y entre ellos se han tenido que auxiliar, “estamos expuestos y el gobierno no nos ve, ya somos personas más vulnerables y necesitamos que se nos respete nuestros derechos humanos”.
Finalmente añadió que tienen esperanzas que para la próxima administración estatal el nuevo gobierno tenga otro plan para con los jubilados y se de viabilidad al IPE, “porque estamos en ceros, yo dudo que haya un quinto en la reserva técnica, dicen los lideres que hay un dinero pero yo estoy segura que no lo hay”.
“Es casi imposible conocer las finanzas, no le han dado acceso ni al IVAI, todo está coludido, ojala que el aproxima administración pueda hacer una auditoria al instituto y saber donde está el dinero de la reserva técnica para fincar responsabilidades”.