Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- La atención de niños y niñas obliga a las autoridades municipales a tener definido lo que le toca hacer en relación a las políticas públicas, enfocadas a la infraestructura, comunicaciones, tecnologías de información, salud, sexualidad, violencia y emergencia, consideró el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Antonio Bucio Mujica.
Lo anterior, al señalar que Veracruz es la tercera entidad con mayor población infantil y con el mayor número de población infantil indígena, por lo que es urgente atender las necesidades de los menores.
Entrevistado previo a la reunión que sostuvo con autoridades municipales indicó que los secretarios ejecutivos deben trabajar de manera coordinada y sumar esfuerzos para dar cumplimiento a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El funcionario federal detalló: “Veracruz es uno de los tres estados con mayor número de niños del país, y el primero con más población indígena, me parece que si en Veracruz hay una posibilidad de que las carencias de la población indígena sobre todo niños y adolescentes mejoren es ejemplo que puedan desarrollar otros estados”.
En un estado con más de 2 millones y medios de niños y adolescentes, indicó que actualmente la Comisión Estatal de Derechos Humanos está obligada a tener un área especializada para atender los casos de vulneración de derechos de este sector.
“Hoy tenemos miles de acciones y de programas que hacen instituciones públicas del país, pero no se cuenta con alineación en derecho ni articulación, mecanismos para conformar un política en común”.
Asimismo, sostuvo que los derechos humanos más vulnerados de los niños es la misma falta de integralidad de los derechos, porque sí cuentan con servicios de salud, educativos, de protección, pero lo que no tienen es la integralidad, es decir que se sepa cómo afecta cada cosa que hace el estado, la prestación del agua, saneamiento, eso no se ha trabajado.
Finalmente, señaló que la nueva ley obliga a revisar las prioridades y hacer una redistribución presupuestaria, pero incluso cuando eso se haga o cuando haya más recurso, queda claro que a ningún país le va a alcanzar el dinero para ello.