En 3 meses y medio acabará su periodo como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz
Naldy Rodríguez. Xalapa, Ver. A tres meses y medio de dejar la presidencia del Poder Judicial, Alberto Sosa, Hernández reconoció que no está satisfecho con el trabajo que lleva, aunque siente que realizó todo lo que “pudo” en el ámbito de sus funciones.
“Siento que he hecho todo lo que he podido realizar dentro de mis funciones, pero satisfecho aún no estaría yo, simple y sencillamente porque faltan muchas cosas”, reconoció.
Dentro de los pendientes se encuentra concluir salas de juicios oral, sobre todo las de Coatzacoalcos y Poza Rica, que deben ser más grandes y atender a una mayor población, admitió.
Pero también faltan las salas de Uzuluama, Tantotyuca, Chicontepec, Huayacocotla, Misantla y Zongolica, entre otras que se deben realizar, pero que requieren una inversión menor.
“Es por recursos y por trabajo, si no hay recursos, tenemos que buscar cómo hacerlo”, reconoció en conferencia de prensa, después de la sesión del Consejo de la Judicatura.
También falta seguir con la especialización de los abogados en materia penal, el reto de lo que es el nuevo sistema penal acusatorio, reconoció Hernández Sosa.
“Todavía tenemos muchas cosas que hacer, que en tres meses y medio sería difícil de realizar…Hemos tenido avances que desde hace muchos años no se habían visto”, comentó.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado añadió que también les corresponde dejar el programa y presupuesto que se requeriría ejercer en este poder para el siguiente año.
“Gran cantidad de este presupuesto se va en nómina y los proveedores, pero la mayor parte del presupuesto es para atender el pago de trabajadores”, mencionó.
Apegado a derecho, reapertura de caso Daphne
Cuestionado sobre el amparo que concedió un juez federal al padre de la menor Daphne para reabrir el caso, donde son acusados cuatro jóvenes de abuso y otros delitos, dijo que es un derecho que tiene y que puede ejercer.
Mencionó que ya será la Fiscalía General del Estado la instancia que tenga que aportar las pruebas a la Sala Constitucional.
“Tendrá que seguir su curso de nueva cuenta y la Fiscalía General tendrá que aportar más pruebas”, dijo y añadió que la parte acusadora “tiene todo el derecho de ejercerlo”.