Yhadira Paredes. Xalapa, Ver. A decir de la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto se dictaron medidas cautelares dirigidas al director del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), Octavio Gil García para que a la brevedad se cumpla con el pago de la pensiones a jubilados y pensionados del de este instituto.
Luego de que el pasado jueves los integrantes del COPIPEV le exigieron su pronta intervención, después de la queja que habrían interpuesto por la falta de pagos, aseguró que ya se pagó la mensualidad pendiente a este sector.
La encargada de salvaguardar los derechos humanos de los veracruzanos, refirió que la Comisión a su cargo no es el órgano competente para obligar al Gobierno del Estado en la dispersión de los recursos, pero se solicitó que se cumpliera con el mismo.
“Lo que nosotros tenemos respecto a esto es una queja que fue interpuesta en marzo con relación a la falta de pago oportuno de las pensiones, la gestión y acompañamiento que se realizó en estos días fue precisamente para solicitar al Gobierno que cumpliera con el pago, y sensibilizarlo que la pensión para este grupo es una cuestión esencial que tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades básicas”.
Incluso, señaló, se dictaron medidas cautelares dirigidas al Director del Instituto de Pensiones del Estado para que a la brevedad se cumpla con el pago de la pensión de los profesores, y aseguró que se cumplió con el pago que se estaba requiriendo correspondiente al mes de junio.
"Lo que sigue por parte de la comisión es que a partir de la fecha que pusieron la queja que fue el 22 de marzo, la Comisión tiene 6 meses para emitir la recomendación correspondiente”.
En ese sentido, aseguró que la resolución estará en tiempo y forma la recomendación porque se han ido desahogando las diligencias necesarias para integrarla y estar en posibilidades de emitirla.
En otro orden de ideas, cuestionada en torno a la donación de la Casa Veracruz a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para instalar sus oficinas, refirió que se mantendrá respetuosa de la decisión que tomen los diputados locales, sin embargo, aseguró que al no contar con un edificio propio, esta posibilidad les significaría un ahorro en el gasto corriente de la CEDH.
“Mi opinión es que es una decisión soberana del Congreso, en eso la Comisión Estatal de Derechos no tiene ninguna injerencia, es una propuesta del Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades y será el congreso quien decida si procede o no”, concluyó.