Yhadira Paredes. Xalapa, Ver. Falta de acceso a la educación y salud, son las violaciones a los derechos humanos de las personas con discapacidad en México, mismas que ha señalado puntualmente la Organización de Naciones Unidas, señaló el profesor investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Guillermo A. Flores Briseño.
El especialista en temas de derechos humanos para personas con discapacidad, señaló que el 6.7 de la población en México sufre de algún tipo de discapacidad, la más frecuente es neuromotora causada principalmente por accidentes y envejecimiento, de acuerdo a las estadísticas del INEGI.
Entrevistado previo al Taller sobre las reglas de operación del mecanismo de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, se llevó a cabo en las instalaciones del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), afirmó que la ONU ha emitido una recomendación a México en este tema.
“Una de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, a través de su comisión de atención a la discapacidad, ha establecido una recomendación pues se siguen violentando los derechos humanos de las personas con discapacidad, de tal manera que una de las prioridades para México es evitar o disminuir la discriminación y evitar la violación de derechos para las personas con discapacidad”.
En el tema de la contratación de personas con discapacidad en empresas o sector público, a pesar de que se presume que se lleva a cabo, hay mucha rotación de personas de este sector, lo que significa contratos cortos y nunca permanentes.
“Se ha avanzado en cuanto al ejercicio del derecho laboral de personas con discapacidad, sin embargo todavía nos falta mucho por atender en este rubro”, explicó el investigador neolonés.
El investigador reconoció que es un mínimo porcentaje el que denuncia cualquier violación a sus derechos humanos, toda vez que no hay confianza en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, derivado a lo engorroso de los trámites de una queja.
Finalmente, aclaró que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como las estatales son instancias que solo establecen recomendaciones, pero no pueden sancionar y ese es un problema serio, por lo que se requiere la creación de Procuradurías de Defensa de Personas con Discapacidad para que este tipo de violaciones sean sancionadas.
