Yhadira Paredes. Xalapa, Ver. A pesar de haber sido aprobado por la mayoría de los diputados integrantes de la Legislatura local, hace casi un mes, el pasado 26 de mayo, la Ley General de Transparencia no ha sido promulgada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa, ni publicada en la Gaceta Oficial del Estado.
Aunque lo que si se hizo fue lanzar la convocatoria para la designación de nuevo comisionado que integrará el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, en sustitución de Fernando Aguilera de Hombre, quien dejó el cargo para asumir la titularidad de la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad.
Hay que recordar que el pasado 26 de mayo los diputados locales aprobaron la armonización de la Ley de Transparencia para el Estado de Veracruz, que a decir de la Comisionada Presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez, ya estaba blindada y avalada por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
La falta de promulgación y publicación de lo aprobado no impide que los integrantes de la Comisión de Transparencias esté en proceso de análisis de los documentos entregados por 26 aspirantes al cargo de comisionado, entre ellos el ex secretario del Trabajo y ampliamente señalado como un posible comisionado a modo, Gabriel Deantes Ramos.
Ante esta situación el nuevo comisionado estaría en el cargo solo seis años y no siete como prevé la armonización con la Ley General de Transparencia.
Entre los componentes de la nueva ley se encuentra que el acceso a la información pública es gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de la entrega de reproducción y entrega solicitada.
“Los sujetos obligados procurarán reducir los costos por reproducción, proporcionando la información a los particulares por medios electrónicos o electromagnéticos”.
Además establece como sujetos obligados a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como ayuntamientos o concejos municipales; organismos descentralizados y desconcentrados de la Administración Pública Estatal y Municipal; los sistemas operadores de agua y saneamiento; organismos autónomos del Estado; universidades públicas e instituciones de educación superior pública dotadas de autonomía y partidos políticos y asociaciones.
De igual forma a los fideicomisos y fondos públicos que cuenten con financiamiento público, parcial o total, o con participación de entidades de gobierno; organizaciones de la sociedad civil constituidas conforme a las leyes mexicanas; los sindicatos; los candidatos independientes y cualquier persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado o de los municipios.
No incluye a los notarios públicos en el listado de sujetos obligados, pues sólo les señala obligaciones específicas y no comunes, como al resto de quienes tienen tal carácter.
De acuerdo al dictamen aprobado casi un mes tiene el objetivo de promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, el acceso a la información y la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del establecimiento de políticas públicas.