Por primera vez en la historia del país, Alemania aprobó una ley de integración para los refugiados que acoja el país.
Se trata de un paquete legislativo que tiene como objetivo ayudar a los inmigrantes a incorporarse a la sociedad alemana, a cambio de un compromiso que, de no producirse, dará lugar a sanciones.
Tras una reunión extraordinaria de su gabinete en el Palacio de Meseberg, la canciller del país, Angela Merkel, calificó el proyecto de ley como “un hito”, y defendió la necesidad del documento para integrar a los recién llegados en un país que superó el millón de solicitantes de asilo sólo durante el año pasado.
El texto busca promover el aprendizaje de la lengua alemana por parte del refugiado, su rápida integración en la formación y el mercado laboral y un aprendizaje de los principios de convivencia y las leyes europeas.
El paquete de nuevas disposiciones legales, basadas en un sistema de recompensa o castigo, desató una oleada de críticas por parte de asociaciones de ayuda al refugiado.
La medida, que amenaza con sanciones o recorte de la prestación económica de 379 euros mensuales a aquellos refugiados sin voluntad de integración, es poco realista, de acuerdo con el presidente de la asociación de apoyo a los indocumentados, Deutscher Paritätischer.
“¿Cómo podemos castigar a quien no se inscriba en un curso de integración en un país sin capacidad para ofrecer las plazas demandadas?”, declaró.
En el proyecto aprobado ayer está contempladó igualmente un aumento en el volumen de los cursos de integración, que pasarán de 60 a 100 horas en su totalidad.
Estos cursos pretenden instruir a los inmigrantes sobre los valores alemanes y así intentar evitar sucesos como las agresiones sexuales ocurridos en Nochevieja en Colonia.
Las organizaciones de derechos humanos alertan de que estos recortes podrían provocar un aumento en las prácticas delictivas en ciertos grupos de inmigrantes.
La cláusula más controvertida del paquete es la que determina la política de reubicación de los refugiados.
A partir de esta normativa, aún pendiente de ratificación parlamentaria, el gobierno germano decidirá en qué región se establecerá el refugiado, evitando núcleos como Berlín, Hamburgo o Colonia para impedir la formación de guetos.
“No queremos sociedades paralelas en nuestro país”, dicta el comunicado, que fija en tres años el tiempo mínimo de permanencia antes de poder solicitar un cambio de residencia.
Esta problemática cláusula también se arriesga a chocar con el Derecho Internacional.
Asimismo, la ley contempla una serie de bonificaciones para aquellas personas que demuestren un esfuerzo.
El permiso de residencia, que según la actual legislación alemana puede obtenerse al cabo de cinco años, se recortaría a tres años en el caso de los inmigrantes que se hayan abierto hueco en el mercado laboral y tengan habilidades lingüísticas medio-altas.
Alemania, por un lado, teme que se produzca un proceso de islamización en el país, que se opondría a los valores alemanes.
Por otro, ve en la corriente migratoria una posible solución a la crisis demográfica que se le avecina de cara a 2060, siendo ya el país con menor índice de natalidad de Europa, sólo por detrás de Mónaco.