24 de Noviembre de 2024
Director Editorial Lic. Rafael Melendez | Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas

Gobernador y alcaldes de próximas administraciones no tendrán fuero

Sin el menor debate se aprobó, en segunda vuelta, las modificaciones a la Constitución por la que se creará un Sistema Estatal Anticorrupción, que quita el fuero al gobernador, alcaldes, y a funcionarios de despacho. Y crearán la figura de un zar anticorrupción.

En pleno proceso electoral, en medio de serias acusaciones sobre la corrupción del gobierno estatal, se aprobó la iniciativa que remitió el gobernador Javier Duarte para modificar los artículos 33.49, 76, 78 y 67 de la Constitución Política.

Ahora corresponderá a las comunas validar las modificaciones de ley y con ello entrará en vigor, por los ediles que se elijan en el 2017 y los funcionarios de despacho de la nueva administración no tendrán fuero constitucional, por lo que si cometen un delito podrán ser sancionados.

Con la más reciente modificación legal permitirá que el nombramiento del Contralor General del Estado tenga que ser aprobado por dos terceras partes de los legisladores del Congreso del Estado y que dure en el cargo 6 años, al igual que el periodo del gobernador.

Se creará una Fiscalía Especial Anticorrupción al interior de la Fiscalía General de Estado, cuyo titular será nombrado también por las dos terceras partes del Congreso del Estado, previa convocatoria pública hecha por la Legislatura.

Se tendrá que constituir un Comité Coordinador Anticorrupción, el cual estará integrado por el titular del Órgano de Fiscalización Superior, el Fiscal especializado en Combate a la Corrupción, el Contralor General del Estado, el Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y un representante ciudadano.

En la propuesta se deja exento a los diputados locales, magistrados, el Fiscal y al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la legislación, por lo que tendrán que existir una solicitud de la Fiscalía para iniciar el juicio de procedencia.