El 61 por ciento de senadores en Brasil está de acuerdo en que se inicie un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff, estimó un sondeo del rotativo O Globo.
Según su último reporte, 50 de 81 legisladores apoya el proceso de destitución; 21 están en contra y 10 no han precisado su postura. De cumplirse los pronósticos la mandataria estaría viviendo los últimos días de su gobierno.
Entre el 11 y 12 de mayo próximos la Cámara Alta determinará si Rousseff es enjuiciada y separada temporalmente del cargo. En caso de que la votación sea positiva el vicepresidente, Michel Temer, asumirá el mando del Ejecutivo por un periodo de 180 días, tiempo en el que la Comisión Parlamentaria deberá determinar si la presidenta es culpable de reordenar información fiscal para cubrir lo déficits presupuestarios del gobierno. En caso de ser así, será destituida e inhabilitada políticamente por un lapso de ocho años.
En un intento por movilizar a las masas, Rousseff ha abierto la posibilid de convocar a una elección anticipada que tendría lugar el próximo 2 de octubre.
“Desde el punto de vista de la política, el gran juez es el pueblo brasileño. Si quieren hacer un juicio político de mi gobierno, que acudan al pueblo brasileño y no al impeachment”, afirmó la mandataria en un discurso el sábado pasado.
A dos días de que el Senado inicie la votación que pondrá a prueba la estabilidad del gobierno brasileño, Dilma ha intensificado su estrategia de defensa.
Prometió ampliar 9 por ciento el presupuesto de programas sociales para vivienda, salud y presupuesto familiar.
Además el jueves pasado el juez Teori Zavascki, designado en 2012 por Dilma, ordenó la suspensión del presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, quien es señalado junto a Temer, como uno de los principales impulsores del juicio político. Poco después de que se diera a conocer la noticia, la defensa señaló que impugnará el proceso ante el Máximo Tribunal debido a que Cunha, principal impulsor del impeachment, fue acusado de corrupción y de utilizar su cargo para “presionar” a los legisladores para que éstos emitieran su voto en contra de la mandataria. En ese escenario la votación del pasado 17 de abril, en la que 367 de los 511 diputados avalaron el inicio del proceso de destitución quedaría anulado.
El Partido de los Trabajadores señaló que el proceso es un “golpe de Estado” disfrazado.
En juego, 10 mil posiciones en el gobierno
Si esta semana el Senado avala el inicio de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff las posiciones laborales de 10 mil petistas podrían peligrar, informó el diario brasileño O Globo.
Según el rotativo, el vicepresidente Michel Temer, quien asumiría el mando del Ejecutivo si Dilma es apartada del cargo, ofrecerá las plazas a las fuerzas aliadas. El 25 por ciento de puestos en el Ministerio de Agricultura está asignado a los miembros del Partido de los Trabajadores. Desde 2003, cuando Lula Da Silva asumió el cargo de presidente, la carpeta es controlada por el PT al igual que la dirección del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria, que concentra el 75 por ciento del presupuesto.
En la última reunión de la junta nacional, el PT determinó que no reconocerá a Temer ni a nadie que no haya sido elegido presidente mediante elecciones.