China aprobó una ley para endurecer el control sobre las organizaciones no gubernamentales extranjeras, autorizó a la policía vigilar a activistas y avaló expulsarlos del país si son “peligrosos para los intereses oficiales”.
Se trata de un nuevo movimiento de las autoridades para reducir lo que perciben como amenazas a la seguridad nacional.
La ley, aprobada por la legislatura nacional, establece que las ONG extranjeras no deben poner en peligro la unidad étnica y la seguridad nacional de China.
También concede competencias a la policía para interrogar a los administradores, registrar sus instalaciones y confiscar equipamiento.
La iniciativa ha provocado críticas de autoridades, empresas y organizaciones académicas en Estados Unidos y Europa. Las voces críticas temen que la ley restrinja de forma considerable las actividades de una amplia variedad de grupos, limitando aún más el desarrollo de la sociedad civil en China y socavando la circulación de organizaciones no gubernamentales entre China y el resto del mundo.
La ley incluye una cláusula que permite a la policía identificar a grupos “no bienvenidos” e impedirles trabajar en el país.
A estos grupos se les acusa de infracciones que van desde obtener de forma ilegal secretos de estado no identificados a “difundir rumores, difamar o expresar o distribuir de cualquier forma información dañina que ponga en peligro la seguridad del estado”.
La Red de Defensores Chinos de Derechos Humanos tachó la ley de “draconiana”, afirmando que permite que la policía ejerza “supervisión y vigilancia diaria” de las ONG extranjeras.
La ley tendrá un “impacto profundamente perjudicial en la sociedad civil en China”, afirmó.
Entre los aspectos más alarmantes, el grupo mencionó el que la policía pueda poner fin a las actividades organizadas por grupos extranjeros que consideren “ponen en peligro la seguridad nacional”, un concepto que no tiene una definición clara y contribuirá a que “la policía tome decisiones arbitrarias”. La policía también tiene competencias para vigilar más estrechamente los gastos y fuentes de financiación, “lo que tiene el pavoroso efecto de la intimidación”, indicó el grupo.
Muchas organizaciones extranjeras se han asociado con grupos sociales y académicos chinos, pero siguen estando en una legal gris que les deja expuestos a persecución de las fuerzas de seguridad.
En un ejemplo reciente, China liberó y deportó de inmediato en enero a un hombre sueco acusado de formar y financiar abogados sin licencia en el país.