Negligencia colusión y corrupción, son las constantes en las emergencias por accidentes químicos en el país, alertó la coautora del libro "México tóxico: Emergencias Químicas", Lilia América Albert.
Durante la presentación de este libro en la Feria Internacional del Libro Universitario (FILU), aseguró que esta situación no ha cambiado con el tiempo, pues en todos los accidentes ocurridos, las autoridades muestran indiferencia, colusión con las empresas en que se registran éstos, además de la poca preparación de los cuerpos de auxilio para la respuesta de estas emergencias.
Al recordar la explosión de la fábrica de pesticidas y fertilizantes Agricultura Nacional de Veracruz (Anaversa) en Córdoba en 1991, dijo que hay punto similares con lo ocurrido en la planta Clorados III del complejo petroquímico de Pajaritos.
“Parece como si alguien les dijera, ahora lo que tienes que hacer es negar, tienes que decir que no hubo muertos, que no hay datos”, dijo.
Cuestionó que en ninguna de las emergencia químicas hay un análisis independientes de las sustancias fugadas o derramadas “Es la hora que no sabemos a qué estuvo expuesta la gente”.
Criticó que lo que pasó en Anaversa se sigue repitiendo en otros casos: las empresas siguen prepotentes, las comunidades no tienen información, las autoridades locales ignoran las quejas, y los cuerpos de respuesta siguen sin respuesta ni capacitación.
Aseguró que las comunidades que viven estos accidentes tampoco tienen información sobre lo ocurrido, las empresas actúan con prepotencia y violan la ley al amparo de autoridades ignorantes o proclives a escuchar a la empresa y no a los afectados.
Lilia América Albert aseguró que en todos los casos, el sector salud es el más omiso de todos, pues ante la contingencia se hace a un lado y no atiende los efectos posteriores en la salud de la población.
Cuando ocurre un accidente, abundó, lo más común es que la empresa impida el acceso, por eso no se sabe qué ocurrió y bajo este esquema dijo que tampoco se sabrá lo que ocurrió en Pajaritos.
Acusó que las empresas violan los artículos constitucionales 4 y 6 que hablan sobre la salud, protección y el derecho a tener un medio ambiente sano, pues actúan bajo un manto de impunidad.
A 25 años de lo ocurrido en Anaversa, en el país hay una proliferación de normas, legislaciones y dependencias relacionadas a evitar accidentes o dar una respuesta oportuna; sin embargo, ninguna funciona.
Explicó que en el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), se trata de una dependencia que trabaja con burocracia, y que no responde a las contingencias como debería, pues quienes las integran trabajan dee lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
"Si van a explotar, procuren hacerlo en ese horario porque de lo contrario no habrá quien les conteste si quiera el teléfono", fustigó.