La Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde al proceso de juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.
De 513 legisladores, 367 votaron a favor de juzgar a la mandataria, es decir, el 71 por ciento del órgano legislativo, con lo que se superó el mínimo de 342 votos necesarios.
Además, 137 funcionarios se pronunciaron contra el proceso de impeachment, otros siete se abstuvieron y dos más se ausentaron del pleno. Rousseff, de 68 años, está acusada de haber maquillado las cuentas públicas, un práctica que, según alega, ha sido utilizada por sus predecesores y por gobernantes de estados y municipios brasileños.
A partir de ahora, la votación está en manos del Senado, donde una mayoría simple, de 81 votos, provocará que la mandataria deje su cargo.
En las próximas dos semanas se definirá la fecha de discusión en la Cámara Alta, luego, el debate podrá durar 180 días.
El presidente del órgano legislativo, Eduardo Cunha, líder del movimiento de juicio político, llamó uno por uno a sus compañeros, dándoles tiempo para hablar antes de votar.
Con lo cual, la votación duró más de cuatro horas, para dar un total de 40 horas de debate luego de las discusiones que iniciaron el viernes pasado.
Los legisladores expresaron sus posturas, y exhibieron la ruptura entre las fuerzas políticas.
Luiz Carlos Hauly, diputado del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el principal opositor, dijo que Rousseff tenía que irse.
“En Europa cambian de gobierno cuando no cuenta con la mayoría”, afirmó. “El gobierno no la tiene. No tiene los medios para gobernar”.
Hace dos semanas, el PSDB rompió la coalición de gobierno con el PT, para pronunciarse a favor del juicio.
Simone Morgado, del Partido Movimiento Demócrata Brasileño, dijo que quienes proponen el juicio político intentan derrocar a una presidenta electa democráticamente. “Dado que Dilma no cometió ningún delito, como muchos en esta cámara, que no tiene vergüenza, voto que ¡no!”, dijo.
Tras estos resultados, el Partido de los Trabajadores aceptó la derrota.
“La lucha continúa ahora en el Senado. Esto es apenas el comienzo; va a ser una guerra lenta y gradual que ganaremos”, dijo a reporteros el jefe de la bancada petista en la Cámara Baja, José Guimaraes.
Partidarios de la presidenta lamentaron los resultados.
“Fue un efecto rebaño, y muchos (legisladores) nos traicionaron. Fue una doble derrota”, afirmó el legislador Orlando Silva, del Partido Comunista Brasileño, un partidario cercano de Rousseff.
Los diputados del oficialismo y sus menguantes aliados destacaron, sin embargo, los logros sociales de 12 años de Gobierno de Lula y Rousseff, cuando más de 30 millones de personas han salido de la extrema pobreza y prácticamente se ha erradicado el hambre, según datos avalados por Naciones Unidas.
De nuevo, volvieron a calificar de golpe un proceso que el abogado general de la unión y ex ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, califica de viciado.
“La historia jamás perdonará”, dijo Cardozo, excelente orador y defensor de Rousseff.
El argumento se fundamenta en que el presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, acérrimo opositor a Rousseff y promotor del impeachment, habría decidido aceptar a trámite el proceso de impugnación como represalia a la negativa del Ejecutivo de apoyarle tras las acusaciones de corrupción.
Es decir, que su decisión atendería objetivos personales y no el interés general.
Cunha, denunciado por la fiscalía del Estado por participar en la trama Petrobras, habría recibido varios millones de dólares en cuentas secretas en paraísos fiscales.
Collor de Melo, el antecedente
Para los ciudadanos brasileños existe un proceso de destitución que antecede al que atraviesa actualmente la presidenta, Dilma Rousseff.
Se trata del juicio político contra Fernando Collor de Mello, quien gobernó el país sudamericano entre los años 1990 y 1992, el primer presidente elegido por sufragio universal después de la dictadura (1965 a 1984).
Collor de Mello fue acusado de corrupción pasiva. Presuntamente, el funcionario se adueñó de 6.5 millones de dólares en 33 meses de mandato.
Posteriormente renunció antes de ser condenado por el Senado, en diciembre de 1992.
Luego, fue sentenciado a inhabilitación para ocupar cualquier cargo político durante ocho años.
Sin embargo, el Supremo Tribunal Federal archivó su caso en 1994.
Para 2006, fue electo senador en el estado de Alagoas, al noreste del país, y reelecto en 2014.
Actualmente, con 66 años, su nombre aparece en la lista de implicados en el escándalo de corrupción en Petrobras.
Partido de Lula se aferra al poder y va por elecciones
El Partido de los Trabajadores, fundado por el expresidente Lula da Silva, prepara una convocatoria de elecciones ante la posible salida de la mandataria, Dilma Rousseff.
“Si decretan el impeachment y pasa también en el Senado, nos vamos a defender con elecciones generales, porque no reconocemos en el vicepresidente condiciones morales o jurídicas para venir a Brasil”, dijo al periódico Estadao Wadih Damous, diputado del Partido Popular.
Previo a la votación, Da Silva declaró que su intención es evitar un golpe de Estado.
Sostuvo que si el vicepresidente, Michel Temer (ahora de la oposición) quiere aspirar a la presidencia deberá postularse a las elecciones de 2018. “Dilma Rousseff no se va a matar ni se va a exiliar ante el proceso que persigue su destitución. Nosotros amamos Brasil. Vamos a luchar por la democracia”, manifestó el político considerado mentor de la actual presidenta.
Entre bastidores, y desde una lujosa habitación de un hotel en Brasilia (al no poder ejercer como ministro por dictado judicial cautelar), el ex presidente Lula sigue tratando de utilizar su capital político para convencer a los disputados que no apoyen la destitución. El ex presidente, tan crítico con la política social de su sucesora, acaso sea el último cartucho de Rousseff.
El exsindicalista lanzó un mensaje directo a Temer, el número dos en la línea de sucesión presidencial en el país sudamericano.
“Nadie conseguirá gobernar un país de 200 millones de habitantes sin el voto popular”, reiteró Lula, si se considera que la última encuesta del Instituto Datafolha le sitúa como el candidato más votado junto a la ecologista Marina Silva en unas eventuales elecciones de 2018.
El último contratiempo llegó del ámbito judicial, después de que el Supremo Tribunal Federal (STF) –compuesto en su mayoría por jueces nombrado por Rousseff y Da Silva– desestimara la petición del Gobierno de suspender la votación de este domingo en el Congreso.
Una derrota judicial que dejó todo en manos del Legislativo, donde los apoyos al Gobierno se descomponen a ritmo acelerado.