El llamado a que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, deje el poder se incrementó una semana después de que su antecesor, Lula da Silva, fue involucrado en la red de sobornos de Petrobras. Ayer, en todo el país, 4.5 millones de personas marcharon contra el gobierno en ese país.
Esto implica un incremento de 164 por ciento comparado con las movilizaciones de 2015, cuando se inconformaron 1.7 millones de ciudadanos.
De acuerdo con cifras de la Policía Ministerial y de organizadores, las ciudades que más convocaron a inconformes fueron Sao Paulo, donde marcharon 2.5 millones de personas, y Río de Janeiro, con un millón de asistentes.
En Brasilia salieron a las calles 200 mil personas, y en Vitoria, 250 mil. En total, marcharon 438 ciudades de todos los estados del país, de acuerdo con cifras difundidas por la cadena O Globo, en la quinta protesta contra Rousseff, desde que tomó su cargo el 1 de enero de 2015.
“Rousseff tiene que irse. Ella es la responsable del desorden en nuestra economía: la inflación, la recesión y el desempleo. Ella es la culpable de que yo esté desempleado y tenga problemas para mantener a mi familia”, señaló en Sao Paulo el manifestante Patricio Gonzaga, de 32 años, trabajador metalúrgico desempleado.
La prensa brasileña reportó que se trata de las manifestaciones más multitudinarias en décadas, y supone un notable aumento de la presión contra el Gobierno de Rousseff, impactado por la crisis política, económica y por el descrédito por los problemas judiciales del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva.
Además, la presidenta enfrenta un juicio político por la supuesta mala administración fiscal del país en medio de la peor recesión en décadas y de una amplia pesquisa sobre la corrupción en el gigante petrolero estatal Petrobras.
En este contexto, los índices de aprobación de la gestión de Rousseff cayeron por debajo del 10 por ciento en el primer año de su segundo período presidencial.
El Congreso inició un proceso de impugnación ante denuncias de que usó fondos de los bancos estatales para cubrir déficits presupuestarios.
Asimismo, su economía caerá cuatro por ciento.
En un marco de pérdida de apoyos políticos, la crisis del gobierno de Rousseff podría aumentar las próximas semanas, luego de que el sábado el principal socio del Ejecutivo, el Partido de Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), amagó con abandonar la coalición en un plazo de un mes.
A esto se suma la emergencia provocada por el zika, con más de un millón y medio de infectados, donde el registro de casos de microcefalia, que los expertos atribuyen al virus, no cesa de crecer.
Expertos ven crisis “sistémica”
Recesión económica y el conflicto político derivado del escándalo en la petrolera Petrobras enazan con una “crisis sistémica” a Brasil, país en donde en cinco meses se celebrarán los Juegos Olímpicos cuyo éxito organizativo está también en tela de juicio.
“Vivimos una crisis absolutamente indescriptible”, dijo el profesor Thales Castro, de la Universidad Católica de Pernambuco, estado del noreste de Brasil.
Castro señaló que la Operación Lava Jato, que ha provocado la investigación o imputación de más de medio centenar de políticos de primer nivel y ha destapado una macrotrama de corrupción y desvíos en torno a la petrolera estatal Petrobras, supone una “limpieza ética en un sistema político presidencialista” que considera agotado y en “crisis sistémica”.
Coincide en este diagnóstico el profesor Paulo Kramer, analista de riesgo político y profesor de ciencia política de la Universidad de Brasilia, para quien el problema de la corrupción se debe al nombramiento a dedo “de cargos políticos en empresas estatales y en el Ejecutivo para formar una coalición parlamentaria”.