La mayoría de las funerarias que se encuentran en la conurbación son irregulares o "patito", afirmó Pedro Rivera Durán, director de la funeraria Del Ángel e integrante de la Red Gayosso.
Precisó que tan solo en la conurbación 16 de 21 funerarias se encuentran en esta situación, buscando solo lucrar con las personas a quienes les incrementan los costos de los servicios sin previo aviso.
"Son varios aspectos, desde el inicio lo que es un contrato donde le estamos garantizando a un cliente que se va a cumplir con todo, generalmente este tipo de agencias utilizan dar un costo inicial y terminan pagando el doble", aseguró.
Rivera Durán aseguró que inclusive este tipo de funerarias muchas veces realizan prácticas como por ejemplo "secuestrar" los cuerpos hasta que los familiares paguen por completo los montos.
"Muchas veces sucede que le dicen al familiar, sino me pagas en este momento, no concluyo el servicio, ocupan este tipo de extorsión vamos a llamar incluso secuestro del cuerpo", indicó.
Dijo que cerca del 50 por ciento de las funerarias "patito" utilizan este tipo de técnicas para obligar a la población a pagarles el servicio.
Señaló que a nivel estatal existe un cálculo de cerca de 200 funerarias irregulares de alrededor de mil que hay en total.
El director de la funeraria Del Ángel afirmó que la mayor problemática que se presenta para los clientes que contratan empresas irregulares es que les ofrecen precios baratos pero finalmente terminan con costos muy elevados.
Comentó que en muchas ocasiones las personas a quienes les fallece algún familiar conocen este tipo de empresas debido a que personal de seguridad de los mismos hospitales permiten que se pongan en contacto.
"Algunos no trabajadores de hospital, los hospitales tienen trabajadores externos como es la seguridad, etcétera y muchas veces están con las agencias informales a este tipo de acceso para identificar directamente al familiar", señaló.
Aseguró que existen dependencias donde las personas se pueden quejar por este tipo de prácticas como por ejemplo la Procuraduría Federal del Consumidor o la Secretaría de Salud, pero generalmente las personas no tienen el conocimiento para presentar dichos recursos.