Organizaciones civiles encabezas por Causa Común, revelaron que en Veracruz el 41 por ciento de los Mandos Policiales y 34 por ciento de los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública reprobados en Control de Confianza siguen en activo, de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 31 de diciembre del 2015.
En lo referente al personal de los Centros de readaptación social un 48 por ciento de los mandos y un 47 por ciento de los operativos se encuentran también reprobados y en funciones.
En la carta firmada por 20 organizaciones civiles nacionales y estatales, se advierte que estos datos revelan la omisión reiterada de las autoridades del Estado para cumplir con lo estipulado en la Ley Nacional de Seguridad Pública y agrega:
“Les hace moralmente responsables de la tragedia acontecida con los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, así como de otros casos de desaparición a manos de policías estatales que se comienzan a documentar por la propia sociedad y a los que hasta el momento, hacen oídos sordos las autoridades de Veracruz”.
Exigieron a la autoridad estatal una respuesta inmediata para proteger a la sociedad, cerrarle el paso a la omisión y proteger los escasos avances en materia de desarrollo policial.
“Para lo sociedad civil es lamentable que el Gobernador Javier Duarte haya incumplido su compromiso de apoyar a los operativos conjuntos de la Marina y que ponga en riesgo los esfuerzos institucionales y humanos realizados por ciudadanos que de buena fe se sumaron a la nueva fuerza policial para garantizar la seguridad en el Estado”, señala la carta.
Consideraron que la desaparición forzada de ciudadanos a manos de autoridades policiales estatales, la escasa protección a periodistas así como la indiferencia de la Fiscalía General del Estado a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras para investigar los delitos deben tener consecuencias en Veracruz y en todos los estados donde la omisión y la revictimización son una constante.
Exigieron la depuración completa de las dependencias de seguridad y procuración de justicia del Estado de Veracruz y garantía para que las investigaciones relativas a las desapariciones forzadas, sean justas y creíbles.
También solicitaron que la Comisión Nacional de Derechos Humanos realice un censo de víctimas en el Estado para determinar la cantidad de personas desaparecidas y establecer en conjunto con la SEGOB respuestas institucionales a la sociedad y las familias mexicanas.