El Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, reveló que cuatro elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), adscritos a Tierra Blanca, ocultaron su participación en la revisión y retención del vehículo donde viajaban cinco jóvenes que se encuentran en calidad de desaparecidos, por lo que se les vincula con el delito de desaparición forzada, por lo que las próximas 24 horas se tendrá que definir su situación legal.
Señaló que los policías a bordo de la patrulla abordaron a los jóvenes por presunto exceso de velocidad, y este fue lo último que se supo de los jóvenes por lo que se dio inicio a la investigación 27/2016.
En conferencia de prensa, señaló que se realiza un operativo policiaco con más de 100 elementos de las fuerzas armadas y federales y estatales por tierra y aire en varios puntos del estado para dar con el paradero de estos jóvenes que desaparecieron el pasado 11 de enero cuando transitaban por Playa Vicente.
Señaló que a la fecha han declarado 30 policías, además de otras cuatro personas más, y en las próximas horas se obtendrán más datos de la detención arbitraria a través de videos, y sábana de llamadas, así como demás declaraciones.
En conferencia de prensa, el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, explicó que la configuración del delito se da, porque hubo testigos que vieron cuando los policías interceptaron a los jóvenes originarios de Playa Vicente y esto lo negaron ante la autoridad.
Mencionó que los jóvenes fueron interceptados por una patrulla de la SSP, y esta acción fue reportada a los familiares por un testigo que vio los hechos.
Los familiares y el testigo presentaron la denuncia a la 01:00 de la mañana del martes, por lo que el ministerio público de Tierra Blanca dio inicio a la averiguación, y activo los protocolos de búsqueda.
"Ante la desaparición de los jóvenes instruí a la Fiscal a efecto de intensificar la búsqueda" dijo.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó que se actuara con todo el peso de la ley en contra de los presuntos culpables, es decir los policías que interceptaron a los cuatro varones y la menor de edad que los acompañaba.
De acuerdo a las declaraciones ministeriales de los policías detenidos, reconocieron que si intervinieron a los jóvenes por un supuesto exceso de velocidad con el que conducían los jóvenes derivado de una revisión de rutina.
El fiscal mencionó que esta revisión de rutina no fue informada por los policías a sus superiores jerárquicos, ni documentada en las bitácoras de servicio correspondiente y según sus declaraciones "permitieron a los jóvenes continuar su trayecto".
A la fecha fue localizado el vehículo en el que viajaban los cinco jóvenes en una localidad del municipio de Medellín de Bravo, sin que se tenga conocimiento del paradero de ninguno de sus ocupantes.
"En este escenario, es indiscutible la desaparición de los cinco jóvenes y que además ocurre posterior a su detención por los elementos de Seguridad Pública, quienes además de reconocer esta acción, se corrobora con el testimonio de quien presencio los hechos".
El fiscal refirió que aun cuando los policías aceptaron que si interceptaron el vehículo en el que viajaban los jóvenes, en sus declaraciones no dieron más información sobre su paradero.
“Y aun cuando los elementos policiacos refieren que permitieron el libre tránsito de los hoy desaparecidos no aportaron dato alguno que así lo confirme, por el contrario pretendieron ocultar la información”, expuso.
Informó que en las próximas horas se obtendrán más datos de la detención arbitraria a través de videos, y sábana de llamadas, así como demás declaraciones.
“Continuará la investigación indagatoria a fin de deslindar responsabilidades de otros elementos de la corporación policiaca o de terceras personas que pudieran haber tenido participación y se actuará en consecuencia”, expuso.
Mencionó que los jóvenes fueron interceptados por una patrulla de la SSP, y esta acción fue reportada a los familiares por un testigo que vio los hechos, pero que de inmediato se retiró del lugar por temor a represalias de los policías.
Los familiares y el testigo presentaron la denuncia a la 01:00 de la mañana del martes, por lo que el ministerio público de Tierra Blanca dio inicio a la averiguación, y activó los protocolos de búsqueda.
El gobernador Javier Duarte de Ochoa solicitó que se actuara con todo el peso de la ley en contra de los presuntos culpables, es decir los policías que interceptaron a los cuatro varones y la menor de edad que los acompañaba.
En consecuencia el agente del ministerio público ha encontrado los elementos suficientes que vinculan a los policías de Seguridad Pública detenidos con la posible desaparición de los jóvenes, que al ser una acción presumiblemente realizada por agentes del estado configura de modo probable la desaparición forzada de personas definida y sancionada a 30 años de prisión por el Código Penal vigente, por lo cual es un delito grave, explicó el fiscal.
Abundó que éste hecho por su prolongación en el tiempo reviste las características de un delito permanente o continuado que otorga la condición de flagrancia requerida para que el ministerio público ejercite la acción penal correspondiente que será ejecutada en las próximas horas.