El expresidente brasileño, Luiz Inácio da Silva y otras once personas fueron citados, por el tribunal de Justicia, a declarar de ese país en la defensa del empresario Alexandre Paes Dos Santos, quien está acusado de corrupción.
Dos Santos y 15 personas más, fueron acusados de incurrir en delitos fiscales que contemplan el pago de sobornos para que el gobierno aprobara en 2009 la extensión de incentivos fiscales a empresarios del sector automotor.
Entre los citados a declarar por el Tribunal de Justicia figura el ex secretario de Presidencia, Gilberto Carvalho, y el diputado opositor José Carlos Aleluia. La audiencia fue programada para el próximo 25 de enero.
El proceso judicial por el que Lula deberá presentarse a declarar forma parte de una operación de investigación denominada Operación Zelotes, la cual trata de esclarecer la participación de empresarios en el pago de sobornos durante el mandato que encabezo el líder del Partido de los Trabajadores.
La Fiscalía brasileña informó que los magnates había pagado cantidades multimillonarias a cambio de obtener descuentos tributarios en la fabricación de automóviles, con lo cual buscaban impulsar uno de los sectores más importantes de la industria brasileña.
Esta no es la primera ocasión en la que el exmandatario se ve involucrado en escándalos de sobornos y corrupción. En octubre pasado la empres Touchdown, dedicada a la promoción de eventos deportivos, propiedad de Luis Claudio da Silva, hijo del ex jefe del Ejecutivo, fue registrada por la Policía Federal de Brasil en el marco de la misma operación.
En dicha ocasión las autoridades confiscaron documentos y archivos digitales de la empresa. El hijo mayor de Lula fue citado a declarar para esclarecer el papel de una de sus empresas en una trama de corrupción gubernamental que suma 1.45 millones de dólares.
En esa ocasión el heredero del político fue liberado sin que trascendiera ninguno de los cargos.
Desde que se destapó una red de corrupción en la paraestatal brasileña Petrobras, el Partido de los Trabajadores se ha visto salpicado por escándalos de corrupción, derivado de distintas anomalías fiscales la presidenta Dilma Rousseff, enfrenta una petición de la fracción opositora para que sea destituida del cargo.
El entramado de corrupción transcurrió durante más de una década y ha involucrado a unos 60 políticos y a las más grandes empresas del sector petrolero y de la construcción en momentos en que la economía reportaba fuertes caídas en los últimos tres trimestres.
Las acciones repercutieron en la economía del país.