El mapa fue elaborado por la Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (que ya se convirtió en Fiscalía tras el acuerdo publicado el 9 de octubre) y está sustentado en los expedientes abiertos para el rastreo de poco más de 600 personas desaparecidas en un lapso de dos años.
A diferencia del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que no está depurado, este diagnóstico parte de averiguaciones previas en donde está confirmada la desaparición de la persona y la posible intervención del crimen organizado. La información fue publicada en el Tercer Informe de Labores que la PGR entregó al Congreso.
En el tema específico del delito de desaparición forzada, la Unidad sustentó su análisis en 17 averiguaciones previas ya en integración por casos ocurridos en un lapso de veinte años.
Cabe destacar que entre esos casos no figura el de la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, debido a que la averiguación se mantuvo más de un año a cargo de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), sin que se diera acceso a los especialistas de la referida Unidad que depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
En octubre, el subprocurador de derechos Humanos de PGR, Omar Betanzos, confirmó que el expediente pasará de la SEIDO a su oficina, lo que permitirá a la fiscalía especializada intervenir también en esta investigación.
Cuatro grupos de desaparecidos
Para mostrar el nivel de incidencia de las desapariciones la PGR determinó dividir en cuatro grupos los casos que tiene bajo investigación a partir del sitio en el que se registraron los hechos.
Se trata, según la explicación que da la Unidad especializada, de las zonas con mayor o menor incidencia y también se incluye a Estados Unidos, Honduras y Guatemala por la cercanía con México. Yucatán y Campeche no aparecen en ningún grupo, ya que no se tienen averiguaciones registradas en esas entidades.
El Grupo 1 está conformado, de acuerdo con el informe oficial, por los estados de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Coahuila. Solo estos cuatro estados acumulan 46% de todas las investigaciones por desaparición que ha iniciado en dos años la unidad especializada, es decir, prácticamente la mitad de todos los casos.
En su informe, la PGR no detalló cantidades específicas por estado; sin embargo, una revisión hecha por Animal Político a través de solicitudes de transparencia a la base de datos de la Unidad, arroja que Veracruz es la entidad con la mayor proporción de desapariciones con un 24%. Esto significa que prácticamente 1 de cada 4 desapariciones en México ocurre en el estado gobernado por Javier Duarte.
Tamaulipas y Coahuila, que también forman parte del grupo 1, concentran el 18 y 16% de los casos bajo investigación respectivamente.
El Grupo 2 definido por la Unidad Especializada lo conforman los estados de Michoacán, Jalisco, Estado de México y el Distrito Federal con una incidencia de 20% del total de las desapariciones en el país, o lo que es lo mismo una quinta parte del total de las averiguaciones.
El Grupo 3 concentra un porcentaje más bajo, con doce por ciento de casos, ocurridos en Nuevo León, Chihuahua, Oaxaca, Morelos y Durango.
Finalmente el Grupo 4 tiene una incidencia más elevada con 22 por ciento de las averiguaciones abiertas pero aquí se contemplan quince entidades federativas en total además de Honduras, Guatemala y Estados Unidos.
La PGR destacó que a través de esta organización se han conformado equipos de trabajo especializados lo que ha permitido obtener mejores resultados. Destacó que en el último año se consiguió la localización de 48 personas, 36 con vida y 12 sin vida. Las personas fueron ubicadas principalmente en el estado de México, Distrito Federal, Guerrero y Veracruz.
Por otra parte la Unidad Especializada de la PGR reportó que en los últimos doce meses se tiene registro de la desaparición de 39 personas de nacionalidad extranjera, principalmente franceses, ecuatorianos, peruanos y argentinos.
Federales lideran desaparición forzada
La Unidad Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR también reveló que en sus dos años de existencia inició 17 averiguaciones previas por caso específicos de presunta desaparición forzada, es decir, desapariciones en donde presuntamente estuvieron involucradas autoridades facultadas para realizar detenciones.
La mayoría de los expedientes corresponden a casos ocurridos entre los años 2013 y 2014, con un total de doce. No obstante, hay dos averiguaciones relacionadas con desaparición forzada que habrían acontecido en 2012 y tres más por hechos de 1994, es decir, hace más de veinte años.
El reporte de la PGR reveló que no son las autoridades locales sino las federales las que encabezan las denuncias por desaparición forzada que están bajo investigación. Acumulan 76 por ciento de los casos.
La Policía Federal es la institución involucrada en el mayor número de casos con siete denuncias seguida del Ejército Mexicano con seis. En cambio, apenas tres casos corresponden a la Policía Municipal y uno a la Policía Estatal.
“Las entidades federativas donde se denuncia un mayor número de personas desaparecidas con presunta responsabilidad de autoridades federales o locales son Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas y Veracruz” señala el informe entregado al congreso.
La Unidad Especializada no detalló los casos que se encuentran bajo investigación con excepción del de la joven Nitza Paola Alvarado, la cual presuntamente fue detenida ilegalmente por elementos del Ejército mexicano en diciembre del 2009 en Chihuahua, sin que hasta ahora se conozca su paradero.
En este caso la PGR subrayó que existe “un plan de búsqueda” de esta joven al que ya se comprometió el estado mexicano con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y subrayó que se trata de una averiguación previa que sigue en integración.
Otro caso de desaparición forzada que será asumido en breve por la Unidad Especializada ya como Fiscalía es el de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Siguiendo la recomendación de organizaciones civiles y de expertos independientes la SEIDO declinó su competencia en el asunto para ser remitido a la Subprocuraduría de Derechos Humanos donde está radicada la Fiscalía especializada.
Cabe señalar que en poco más de un año, y aunque la investigación oficial apunta a que policías municipales intervinieron en la detención ilegal de los normalistas, la SEIDO no pudo reunir los elementos suficientes para realizar las consignaciones por el delito de desaparición forzada.
http://www.animalpolitico.com/2015/12/primer-mapa-oficial-de-desapariciones-en-mexico-en-veracruz-1-de-cada-4-casos-del-pais/