Los funcionarios aeroportuarios chilenos votaron el viernes por continuar un paro de 48 horas y convertirlo en una huelga indefinida para aumentar las presiones al gobierno, que rechaza sus demandas de modificar radicalmente su sistema de pensiones, informó su presidente José Pérez.
Pérez, líder de los trabajadores de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), indicó que el movimiento es "indefinido".
Los funcionarios aeroportuarios paralizaron sus tareas jueves y viernes, pero el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hizo funcionar parcialmente las terminales aéreas reemplazando a los huelguistas con efectivos de la Fuerza Aérea.
Además, la paralización no tuvo mayor impacto porque las principales aerolíneas suspendieron decenas de vuelos y reprogramaron otros, lo que evitó que las terminales se congestionaran con pasajeros.
"En estas últimas 48 horas los trabajadores de la DGCA nos hemos sentido maltratados con la actitud del gobierno de disponer la fuerza militar, lo que es impresentable", dijo Pérez.
Latam, la aerolínea regional más grande, suspendió más de 60 vuelos previstos para el viernes. De las 420 operaciones programadas para el jueves se realizaron 360, mientras que para el viernes estaban agendadas otras 380.
El jefe del aeropuerto de Santiago, Juan Luis Rodríguez, desmintió a Pérez, quien afirmó que el personal de la fuerza aérea no está capacitado para desempeñar tareas específicas como rescates y controles de incendios.
"En la Dirección General de Aeronáutica nuestra principal misión es velar por la seguridad de las operaciones aéreas. En ningún caso vamos a poner en riesgo la seguridad operacional", subrayó Rodríguez.
Agregó que el personal de la Fuerza Aérea "está capacitado en la escuela de aeronáutica en la división de salvamento e incendios de aeronave".
Por su parte, Pérez afirmó que "estaremos alertas ante cualquier emergencia de la comunidad aeronáutica".
Los huelguistas demandan un cambio en su sistema de seguridad social y exigen pasar de las administradoras privadas de pensiones —caracterizadas por bajas jubilaciones— al sistema que rige para las fuerzas armadas y la policía que asegura una jubilación con el monto del último salario. El gobierno no acepta las presiones y afirma que lo solicitado por los trabajadores tiene un costo millonario.
Los funcionarios aeroportuarios realizaron otro paro en septiembre pasado, el que sí trastocó el funcionamiento de las terminales aéreas.