La Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) advirtió que recurrirán a los amparos derivado de las afectaciones por la Ley de Transición Energética, pues considera que elevará sus costos en 50 por ciento y el freno de inversiones en el sector.
El presidente del gremio, Manuel Herrera, expuso que esta ley contempla que los industriales compren Certificados de Energía Limpia (CELS) para utilizarlos en su producción diaria, medida que podría elevar sus costos hasta un 50 por ciento, aunado a que un incumplimiento con los CELS les originará el pago de elevadas multas.
En conferencia de prensa, el líder de los industriales sostuvo que también están en riesgo posibles inversiones “millonarias”, por los costos que generará la ley.
Toda vez que el precio actual de la energía eléctrica representa entre el 60 y el 70 por ciento de sus costos de producción.
Con todo ello, advirtió de pérdidas en la competitividad y la productividad del país, por lo que exhortaron al poder ejecutivo y legislativo a razonar sobre los alcances de esta ley.
“La industria nacional no debe perder competitividad, que reste oportunidades ante los mercados globales. La competitividad es un factor decisivo para el fortalecimiento de la planta productiva mexicana, así como la atracción y permanencia de mayores inversiones, tanto nacionales como provenientes del exterior”, sostuvo.
Expresó que los industriales mexicanos requieren mayor claridad respecto a los efectos de la Ley de Transición Energética, certidumbre para la atracción y permanencia de inversiones, así como saber los posibles impactos en las tarifas de energía eléctrica, en los próximos años.
Herrera recordó que al interior de Concamin se realizó un proceso de consulta entre sus integrantes; una vez concluido este proceso, se llevaron a los legisladores del Senado de la República y la Cámara de Diputados, las diversas inquietudes y propuestas de los sectores productivos del país sobre este tema, pero lamentablemente no fueron consideradas más que de manera parcial.
El gremio solicitó al Ejecutivo Federal y al Poder Legislativo garantizar certeza para los inversionistas, de que no habrá impactos negativos con la instrumentación de esta ley, que no se pondrá en riesgo la competitividad de la economía, así como lograr avances concretos en el establecimiento de apoyos e incentivos para una industria y economía sustentable.