El estado de Veracruz será referente nacional en el combate a la corrupción, al reformar la Constitución Política local y eliminar el fuero al Gobernador, presidentes municipales, síndicos, funcionarios estatales y titulares de organismos autónomos, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXIII Legislatura de la entidad, Juan Nicolás Callejas Arroyo.
Lo anterior, con base en el anuncio del gobernador Javier Duarte de Ochoa, sobre el envío de tres iniciativas para modificar la Constitución Política del Estado y crear el Sistema Estatal Anticorrupción, con un Fiscal especializado y un Comité Coordinador encargados de vigilar la actuación de los funcionarios públicos.
Juan Nicolás Callejas consideró que se trata de un proyecto de ley “muy completo, en lo que se refiere al Poder Ejecutivo y las autoridades municipales, así como a los organismos autónomos, que son los entes que ejercen recursos públicos y lo deben hacer con orden y transparencia.
“Esto significa que los funcionarios del Poder Ejecutivo no tendrán fuero. Por la naturaleza de sus funciones, quedan exentos el Fiscal General y el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así como los poderes Judicial y Legislativo. Éste último, porque los diputados no ejercen presupuesto”, agregó.
De acuerdo con el Diputado, para hacer efectiva la aplicación de esa nueva ley, el Contralor General del Estado será nombrado por dos terceras partes de los diputados que conforman el Pleno Legislativo y durará en el cargo seis años.
Puntualizó que, al armonizarse las normas locales con las federales, se crea la Fiscalía Anticorrupción, y para el nombramiento de su titular el Congreso del Estado emitirá una convocatoria y podrán inscribirse los ciudadanos que se consideren aptos para desempeñar el cargo. Con el voto calificado de las dos terceras partes de los diputados se elegirá al mejor calificado para desempeñar esa función durante cinco años.
La reforma –expuso Juan Nicolás Callejas– contempla un Comité Coordinador Anticorrupción integrado por el titular del Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis), el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Contralor General del Estado, el Magistrado Presidente de lo Contencioso Administrativo, un miembro del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y un representante ciudadano, y se coordinará con su par en el ámbito federal.