EL UNIVERSAL
WASHINGTON
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este miércoles una demanda contra el estado de Nueva York por una ley de 2019 que permite a todos los residentes obtener una licencia de conducir sin importar su estatus migratorio.
La medida fue anunciada en conferencia de prensa por la fiscal general, Pam Bondi, aliada cercana del presidente Donald Trump, argumentando que la ley es "inconstitucional" y que promueve la migración irregular.
La demanda no sólo va dirigida contra el estado de Nueva York, sino contra la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general del estado Letitia James y el jefe del Departamento de Tráfico Mark Schroeder.
"Este es un nuevo Departamento de Justicia", anunció Bondi. "Nueva York ha decidido dar prioridad a los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Se acabó. Se acaba hoy".
Bondi recordó que la fiscalía ya demandó al estado de Illinois, la semana pasada, exigiendo anular las políticas santuario, con el argumento de que los funcionarios estatales y locales "son un obstáculo para la aplicación de las leyes de inmigración por parte del gobierno federal y discriminan contra la aplicación de las leyes federales de inmigración".
"Nueva York no nos hizo caso. Así que ahora, ustedes son los siguientes", aseveró la fiscal.
Por su parte, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) de Estados Unidos revocó más de 80 millones de dólares en financiamiento para la ciudad de Nueva York, en medio de la disputa sobre el dinero destinado a pagar por los hoteles que alojan migrantes.
En total, se ha eliminado una subvención de 59 millones de dólares que el gobierno federal impugnó a principios de semana y otra concesión de 21.5 millones de dólares, de acuerdo con el contralor de la ciudad, Brad Lander. Se descubrió que el dinero faltaba de un día a otro, y Lander afirmó que nadie en su oficina estaba al tanto de que el gobierno federal tenía acceso a la cuenta bancaria de la ciudad.
