Elección directa de jueces “es un riesgo”
AGENCIAS
CDMX
El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se pronunció en contra de que los jueces y magistrados sean electos por voto directo, tal como plantea la reforma judicial impulsada por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. “La elección directa de jueces representa un riesgo para la democracia en México”, aseguró el representante diplomático en una conferencia de prensa este jueves. “Me preocupa esto”, agregó. Washington expuso también que la iniciativa amenaza también la relación comercial entre ambos países y merma la confianza de los inversores.
“Las democracias no pueden funcionar sin un Poder Judicial fuerte, independiente y sin corrupción”, declaró Salazar. Se trata del posicionamiento más contundente de Estados Unidos contra la reforma judicial, después de meses de tensiones en la relación bilateral. El embajador argumentó que llevar la elección de jueces a las urnas puede resultar en una “política feroz” y aumentar la influencia del narcotráfico en el sistema judicial. “Las elecciones directas también podrán hacer más fácil que los carteles y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas”, señaló.
El posicionamiento del embajador, una figura que ha optado por una actitud conciliadora para aumentar su interlocución con López Obrador, pone sobre la mesa el clima de desconfianza que predomina entre los inversores de Estados Unidos, el principal socio comercial de México, sobre la reforma judicial. Salazar dijo que para los mercados y el sector privado es crucial la “confianza en el marco legal” del país. El diplomático advirtió de que las votaciones de jueces, previstas para 2025 y 2027, en caso de que se apruebe la reforma, “crearían turbulencias” en temas como la integración económica de Norteamérica porque los debates sobre la elección popular se extenderían durante años. Y dijo que había tenido contacto con miembros del sector empresarial de México, que tienen “mucha preocupación”.
“El Poder Judicial necesita reformarse”, expuso Salazar, con un talante más serio que otras ruedas de prensa ofrecidas desde su residencia en Ciudad de México. “Sin embargo, la elección directa y política de jueces, en mi punto de vista, no resolverá dicha corrupción judicial ni tampoco fortalecerá al Poder Judicial”. El embajador advirtió que el cambio en el método de selección de jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte “elimina los requisitos necesarios de tener a los jueces más calificados”. También se expresó en contra de que se reduzcan los años de experiencia requeridos para aspirar a un cargo en la judicatura.
Salazar dijo que se necesitan “salvaguardas” para llevar a buen puerto un cambio de ese calado y con esas implicaciones para el Estado de Derecho. El diplomático hizo explícitas sus reservas en otras propuestas dentro de la batería de reformas que impulsa López Obrador, como la eliminación de órganos autónomos y entes reguladores. “Hay preocupaciones sí, pero eso se va a ver”, zanjó. “Se requieren organismos que funcionen y los que no se pueden cambiar”.
El embajador de Canadá, Graeme C. Clark, también reconoció que los inversores de su país se habían mostrado preocupados. El diplomático afirmó que la confianza era clave para el clima de inversión, pero fue más cauteloso que Salazar. “Como diplomático, soy muy sensible a cualquier comentario que podría ser visto como una injerencia en los asuntos de México y ciertamente no es el propósito”, dijo en declaraciones recogidas por Efe.
Estados Unidos insistió en que respeta la soberanía de México y que espera que se pueda considerar su posición en el asunto. Después del golpe sobre la mesa, el embajador matizó y dijo que había aspectos rescatables de la reforma, como que se fijen plazos para desahogar asuntos en los tribunales, y aseguró que se mantenía un “gran optimismo” en Washington por la llegada del Gobierno de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el próximo 1 de octubre.
Las miradas, sin embargo, están puestas en el arranque de la nueva legislatura en el Congreso, el próximo 1 de septiembre. La mayoría de Morena, el partido gobernante, y sus aliados han adelantado que dará prioridad a la aprobación de casi una veintena de reformas propuestas por López Obrador. Ante las dudas de los mercados y tras ganar las elecciones de junio pasado, Sheinbaum optó en un inicio por un mensaje de calma y dijo que la reforma judicial iba a discutirse ampliamente antes de ser aprobada, aunque ha hecho público su respaldo a la enmienda.
Esta misma semana, la presidenta electa se pronunció sobre los riesgos que ven los inversores y el pesimismo de firmas como Morgan Stanley, que degradó su recomendación sobre México y auguró que el proyecto de ley aumentará el riesgo país. “No tienen por qué preocuparse, quien conoce el Poder Judicial sabe de los problemas de corrupción que hay ahí”, planteó Sheinbaum, quien dijo también que uno de los objetivos de la reforma es dar mayor certidumbre al sector privado.
Las resistencias a la reforma también son internas. Alrededor de 1.400 jueces y magistrados se han unido a un paro de labores promovido por una parte de los trabajadores del Poder Judicial, en por lo menos 18 de los 32 Estados del país, por tiempo indefinido. López Obrador ha calificado la huelga como “ilegal” y la Secretaría de Hacienda amagó en un comunicado con despedir y suspender la paga a quienes se sumen al paro, aunque el presidente negó de momento que se llegue a ese punto. A principios de septiembre, la controversia sobre la Reforma Judicial se trasladará al Congreso.
