Señala también inconsistencias en el asesinato de Héctor Cuén.
AGENCIAS
CDMX
La Fiscalía General de la República (FGR) ha roto el silencio después de tres semanas de dudas e inconsistencias sobre la captura de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López en Estados Unidos, y el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda en Culiacán, la capital de Sinaloa. Las autoridades ministeriales señalaron este jueves en un comunicado que sus contrapartes estadounidenses no han compartido elementos clave para esclarecer cómo fue que El Mayo y el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán fueron detenidos en territorio estadounidense, como datos de la aeronave que los trasladó, el piloto y los trámites oficiales que permitieron su aterrizaje en un aeropuerto rural de Nuevo México. La FGR también expuso errores y omisiones en la investigación realizada por la Fiscalía de Sinaloa para aclarar el homicidio de Cuén, en lo que toca a la necropsia, las indagatorias en la escena del crimen, la preservación del cuerpo y el video que se ha presentado sobre el supuesto ataque contra el político, una de las pruebas principales de las autoridades estatales.
Se trata del comunicado más completo que ha publicado la FGR desde que acontecieron ambos sucesos, el pasado 25 de julio. El Ministerio Público Federal explicó que su investigación busca despejar las incógnitas que prevalecen en torno al arresto de Zambada y Guzmán López, jefes criminales del Cartel de Sinaloa, sobre todo a lo que sucedió en territorio mexicano en las horas previas a que se diera a conocer por Estados Unidos. Las autoridades mexicanas ponen sobre la mesa que no están convencidas de las explicaciones que ha ofrecido Washington, que sostiene que fue tomado por sorpresa después de que los capos aparecieran en el aeropuerto de Doña Ana, a las afueras de la ciudad fronteriza El Paso. “[Las pruebas fundamentales] están vinculadas directamente con un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando”, zanja el comunicado.
Esas evidencias siguen estando en manos de Estados Unidos, afirma la FGR. La agencia mexicana informó de que realizó diligencias ministeriales y de investigación policiaca en el aeropuerto de Doña Ana, como ya había adelantado el embajador estadounidense Ken Salazar, pero admitió que “no se obtuvieron los datos necesarios para lograr establecer las responsabilidades ya referidas”. La Fiscalía dijo que otros esfuerzos, a cargo de sus cuerpos de inteligencia, han logrado determinar “la ubicación de la pista cercana a la ciudad de Culiacán; del despegue y del vuelo clandestinos y no informados dentro del territorio nacional; así como de la aprobación que dicha aeronave obtuvo para aterrizar en territorio norteamericano”. Se trata del primer dato preciso que los Gobiernos de Estados Unidos y México dan sobre el punto de partida de la aeronave. La Embajada estadounidense había dicho el viernes pasado que “estamos en el entendido que el vuelo inició en Sinaloa”. La FGR se comprometió a dar la ubicación exacta conforme avancen las investigaciones.
La FGR exige a Estados Unidos que aporte 11 pruebas relevantes. Cinco están relacionadas con los trámites que la aeronave realizó para llegar a Nuevo México: la autorización de la CBP (la patrulla fronteriza de EE UU) para el vuelo de llegada de El Mayo y Guzmán López; el registro de pasajeros que se debe entregar antes del despegue a las autoridades migratorias (Información Anticipada de Pasajeros, API); el informe del sistema de seguridad de radares de Estados Unidos; los documentos migratorios de los pilotos y los pasajeros, como sus visas y pasaportes, así como la constancia aduanal sobre las personas que iban en el avión y sus pertenencias.
También se solicita al Departamento de Justicia estadounidense los datos de identificación del piloto y sobre el avión, como su matrícula, número de serie, historial de vuelo y los documentos legales que respaldan que su registro está en regla ante las autoridades de Estados Unidos y las agencias internacionales. La FGR pide también una explicación formal de las irregularidades sobre la matrícula que Washington proporcionó en las horas que siguieron a la detención de ambos capos: “Si el número de serie que aparece en la puerta de la aeronave, así como la matrícula N287KA, son los legales; y si históricamente le corresponden hoy en día a esa aeronave, o si existe alguna irregularidad al respecto”.
Es el recuento público más detallado que se ha hecho sobre lo que exige la FGR a la Casa Blanca para determinar si se cometieron delitos como vuelo ilegal y secuestro en México. La Fiscalía explicó también por qué se incluye el delito de traición a la patria en la carpeta de investigación, un punto que también fue polémico, y dio a entender que el acusado de ese cargo es Guzmán López y no Zambada. “Es responsable de ese delito, el que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito”, se lee en el comunicado. El Mayo asegura que su ahijado lo traicionó y lo secuestró. Si se comprueba que el hijo de El Chapo vendió a su antiguo socio en Estados Unidos, puede ser acusado formalmente en México. Las penas van entre los cinco y 40 años de prisión. “Esa es la razón prioritaria de la investigación que inició el Ministerio Público Federal respecto al caso Ismael ‘N’-Joaquín ‘N’”, afirmó.
El polémico asesinato de Héctor Cuén
Al menos dos versiones han emergido tras el asesinato de Cuén, exalcalde de Culiacán y una de las figuras más polémicas de la política sinaloense. La Fiscalía de Sinaloa sostiene que el político de 68 años falleció en un intento de robo de su camioneta. El Mayo dijo en una carta que fue asesinado tras ser citado a una reunión con él y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Las autoridades estatales aseguran que dos hombres le dispararon en la gasolinera de La Presita, a 12 kilómetros de Huertos del Pedregal, el lugar donde dice Zambada que se encontraron. El capo afirma que el homicidio fue a las once de la mañana, los fiscales dieron a conocer que la hora de muerte fue doce horas más tarde, según sus diligencias médicas. Rocha, adversario político de Cuén, negó estar involucrado en ambos casos, haber asistido a la cita o tener vínculos con el narcotráfico.
La FGR ha detectado errores e inconsistencias en las diligencias de la Fiscalía estatal. “En la necropsia no se establecen de forma correcta, los signos cadavéricos inmediatos, temperatura, signos tanatológicos, livideces, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo”, sostiene. Las autoridades federales dicen que tampoco se cumplieron los protocolos y medidas para preservar el cadáver de Cuén, y que no se debió haber permitido que su cuerpo fuera incinerado antes de que se aclarara el crimen.
Sobre el cuerpo, la FGR dijo que tenía cuatro disparos en las piernas, como ya había adelantado la Fiscalía de Sinaloa, pero también “un fuerte hematoma en la cabeza”. Las autoridades estatales sostienen la teoría del robo a partir del testimonio de un antiguo colaborador de Cuén, que dijo que conducía su vehículo y había sido testigo presencial del ataque a tiros. El lunes dieron a conocer un video que respalda esa teoría, captado por las cámaras de seguridad de la gasolinera de La Presita. Pero las imágenes dejaron dudas a la opinión pública porque no son contundentes al mostrar el supuesto robo, ni los disparos ni quién estaba dentro de la camioneta o si era, en efecto, el vehículo de la víctima.
“El video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo”, revela la FGR, que atrajo la investigación del asesinato esta misma semana. “Los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos”, agrega. Otro hallazgo de las autoridades federales es que había manchas de sangre en la batea (la parte trasera o caja) de la camioneta y que, pese a ello, “no hay peritajes ni determinaciones al respecto”. “No se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos, ni el vehículo”, informa la Fiscalía. Tampoco se presentó una mecánica de hechos, un estudio criminalístico que detalle cómo sucedió el crimen paso por paso.
A tres semanas, las autoridades estatales no han podido dar una explicación convincente sobre quién mató a Cuén y por qué, y han acusado el golpe mediático de la carta de El Mayo, que relaciona el asesinato con su propia detención y ha puesto a trabajar a marchas forzadas a las autoridades federales y Sinaloa. El posicionamiento de la FGR ha dado estatus oficial a las incógnitas que han marcado a ambos casos y supone un golpe a la credibilidad de la Fiscalía sinaloense.
