MÉXICO, D.F., julio 4 (EL UNIVERSAL).-
Eugenio Hernández Flores, exgobernador de Tamaulipas (2005-2010), aceptó sobornos del cártel de Los Zetas durante su administración y lavó ese dinero en el sur de Texas, según el empresario mexicano Guillermo Flores Cordero a una corte en Texas.
La información se dio a conocer por el diario San Antonio Express-News, tras acceder a la transcripción de una audiencia donde Flores Cordero era investigado por lavado de unos 30 millones de dólares, realizada el 5 de diciembre de 2013.
Flores, declarado culpable, utilizaba empresas fantasma para enviar dinero de México a cuentas bancarias en el Valle del Río Grande a nombre de terceros para ocultar de donde provenían los fondos, dijo la Fiscal Asistente de EU, Julie Hampton. Entre sus clientes estaban Eugenio Hernández y su familia.
"Uno de los instrumentos o métodos para mover las ganancias ilícitas obtenidas en México por el señor Eugenio Hernández y sus co-conspiradores en los EU fue un esquema de lavado de dinero elaborado", dijo Hampton. "Este esquema fue desarrollado por Guillermo Flores Cordero”.
"Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como receptor de sobornos del cártel de drogas Los Zetas, una organización criminal transnacional, a fin de que el cártel tuviera la capacidad de operar sin restricciones en Tamaulipas, en el tiempo en que el señor Hernández fue gobernador", dijo Hampton en la audiencia referida.
“Estoy limpio”, afirma Hernández
En un comunicado, Eugenio Hernández calificó los señalamientos en su contra como falsos y los negó “categóricamente".
"Yo estoy limpio", escribió. "Yo estaba investigado junto con mi familia de manera exhaustiva y con pleno rigor en México por la administración federal el pasado".
Sucesor de Yarrington
El antecesor de Hernández en el gobierno tamaulipeco fue Tomás Yarrington Ruvalcaba, acusado por sus presuntos vínculos con los cárteles del Golfo y Los Zetas y por lavado de dinero.
En 2012, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) indagó a los funcionarios cercanos a Yarrington por vínculos con la delincuencia organizada, incluso la dependencia cateó propiedades de Hernández Flores y mantuvo investigación abierta.
