AGENCIAS
CDMX
El New York Times y cuatro organizaciones de noticias europeas pidieron el lunes al Gobierno de Estados Unidos que retire los cargos contra Julian Assange, el fundador de WikiLeaks, por obtener y publicar secretos diplomáticos y militares clasificados.
En una carta abierta conjunta, The Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País dijeron que el enjuiciamiento de Assange en virtud de la Ley de Espionaje "establece un precedente peligroso" que amenaza con socavar la Primera Enmienda y la libertad de prensa.
"Obtener y divulgar información confidencial cuando sea necesario en el interés público es una parte fundamental del trabajo diario de los periodistas", dice la carta.
"Si se criminaliza ese trabajo, nuestro discurso público y nuestras democracias se debilitan significativamente".
Assange, quien ha estado luchando contra la extradición en Gran Bretaña desde su arresto allí en 2019, también está acusado de participar en una conspiración relacionada con la piratería informática.
En particular, la carta no instó al Departamento de Justicia a abandonar ese aspecto del caso, aunque dijo que "algunos de nosotros también estamos preocupados" por eso.
Cada una de las cinco organizaciones trabajó con Assange en 2010 y 2011, durante los eventos en el centro del caso penal. WikiLeaks, que obtuvo archivos filtrados de cables diplomáticos y archivos militares estadounidenses clasificados, dio acceso anticipado a los archivos ocultos a los medios de comunicación tradicionales, que publicaron artículos sobre revelaciones notables.
Una vocera de The Times, Danielle Rhoades Ha, dijo que el editor de la compañía, A.G. Sulzberger, al consultar con el departamento legal, decidió firmar la carta. La redacción no estuvo involucrada, señaló.
El caso contra Assange es complicado y no gira en torno a si se le considera periodista, sino a si sus actividades de estilo periodístico de solicitar y publicar información clasificada pueden o deben tratarse como un crimen.
La carta llega mientras el Fiscal General, Merrick Garland, ha tratado de frenar las formas en las que el Departamento de Justicia ha dificultado que los periodistas hagan su trabajo. En octubre, Garland emitió nuevas regulaciones que prohíben el uso de citaciones u órdenes judiciales para incautar los registros de comunicaciones de los reporteros o exigir sus notas o testimonios en un esfuerzo por descubrir fuentes confidenciales en las investigaciones de filtraciones.
Assange y WikiLeaks saltaron a la fama mundial en 2010 cuando empezó a publicar videos clasificados y documentos relacionados con las guerras de Estados Unidos y sus relaciones exteriores.
Eventualmente quedó claro que Chelsea Manning, un ex analista de inteligencia del Ejército, había dado los archivos a WikiLeaks. Fue sentenciada a 35 años en prisión después de un juicio de corte marcial en 2013. El entonces Presidente Barack Obama conmutó la mayor parte de su sentencia restante antes de dejar el poder en enero de 2017.
Las revelaciones de Manning se convirtieron en una de las filtraciones más extraordinarias en la historia de Estados Unidos. Incluyeron alrededor de 250 mil cables del Departamento de Estado que revelaron muchos secretos alrededor del mundo, expedientes sobre los presos en la Bahía de Guantánamo detenidos sin juicio y registros de eventos significativos en las guerras de Afganistán e Irak, entre otras cosas, que las muertes de civiles eran mayores que las estimaciones oficiales.
La carta destacó que las mismas cinco instituciones habían criticado públicamente a Assange en 2011 cuando se publicaron copias no editadas de los cables, revelando los nombres de personas en países peligrosos que habían ayudado a Estados Unidos y pusieron sus vidas en peligro.
En el juicio de Manning, los fiscales no dijeron si alguien resultó asesinado como resultado, pero los funcionarios dijeron que el Gobierno gastó recursos significativos para sacar a esas personas del peligro.
Aunque a la Administración Obama y a los funcionarios policiales y de seguridad nacional no les agradaba Assange, defensores de transparencia y activistas contra la guerra lo trataron como un ícono.
La carta abierta destaca que la Administración Obama había sopesado acusar a Assange en relación con las filtraciones de Manning, pero no lo hizo, en parte porque no había una manera clara para legalmente distinguir las acciones de WikiLeaks de aquellas de las organizaciones de noticias tradicionales como el Times que escribe sobre asuntos de seguridad nacional.
Pero en marzo de 2018, bajo la Administración Trump, el Departamento de Justicia obtuvo una acusación sellada del gran jurado contra Assange. Inicialmente, los cargos eludieron los problemas de la libertad de prensa, acusándolo de un delito relacionado la piratería informática al ofrecer ayuda a Manning para cubrir sus huellas en una red informática segura.
Bajo el Fiscal General William Bar, el Departamento después escaló el caso al obtener una acusación adicional que incluía un segundo conjunto de acusaciones: que sus actividades de estilo periodístico violaron la Ley de Espionaje, una ley de la Primera Guerra Mundial que hace de la retención y diseminación no autorizada de secretos de seguridad nacional un delito.
No hay precedente en Estados Unidos para enjuiciar a un editor de información -a diferencia de un espía o un funcionario del Gobierno que filtró los secretos- bajo la Ley de Espionaje. La decisión de la Administración Trump de presentar tales cargos contra Assange planteó preguntas novedosas y profundas sobre el significado de la Primera Enmienda.
Por ahora, esos asuntos no han sido examinados en los tribunales porque el caso está detenido mientras Assange pelea la extradición. Pero la carta abierta llamó al Departamento de Justicia a retirar los cargos bajo la Ley de Espionaje.
"Hacer que los Gobiernos rindan cuentas es parte de la misión central de una prensa libre e independiente", sostiene el texto.
