Sistema carcelario fue pensado para una población masculina, carecen de estructura para mujeres.
EL UNIVERSAL
SAN JOSÉ
Cada vez que una mujer pierde su libertad y entra a prisión en América Latina y el Caribe exhibe el profundo fenómeno de la vulnerabilidad social como víctima que arrastra un historial de pobreza, discriminación y violencia de género.
Obligadas por sus compañeros sentimentales a involucrarse en el narcomenudeo o a llevarles drogas a las prisiones y convertidas en víctimas de la agresión familiar, de la marginación socioeconómica, las mujeres latinoamericanas y caribeñas privadas de su libertad ocupan los cargos de menor importancia en las redes criminales del área.
"El aumento de la población carcelaria femenina parece una tendencia mundial. Tiene que ver en todas partes con lo mismo: la criminalización de la microdroga [narcomenudeo]", afirmó la chilena Macarena Sáez, directora de la División de Derechos de Mujeres de Human Rights Watch (HRW), organización de defensa de derechos humanos y con sede en Washington.
"Encarcelan a las que trafican micromontos. Tienden a ser mayoritariamente mujeres que han sufrido violencia sexual y doméstica, y son cabezas de familia y con hijos. Por necesidad económica entran a esta espiral de delincuencia muy baja", comentó Sáez a El Universal.
"El sistema carcelario fue pensado para una población masculina. Las cárceles carecen de estructura para mujeres. No hay privacidad ni servicios para las necesidades de las mujeres en salud sexual y reproductiva", dijo.
Al destacar que las prisiones latinoamericanas y caribeñas "son construidas pensando en personas que tampoco tienen dependientes y en lugares alejados", planteó que “las familias tienen poco acceso para visitas. Son mujeres visitando a mujeres, a las madres, por ejemplo. "Cuando las jefas de familia son encarceladas se rompen núcleos familiares y quedan sin condiciones para recibir visitas. A diferencia de los presos, las mujeres no reciben visitas de hombres. Cuando son encarceladas, el hombre las abandona. Los hombres encarcelados tienen mujeres fieles que los visitan", aseveró.
En lo que describió como una violación de las reglas específicas del derecho internacional sobre tratamiento de las presas, Sáez denunció que una tendencia es que cuando las presas embarazadas van a dar a luz, "las tienen amarradas a las camillas. No se puede tener un parto seguro y sin dolor si falta movilidad".
Otro conflicto emerge si son jefas de familia, porque tampoco tienen dónde dejar a sus hijos. "Cuando dan a luz y tienen a hijos de un año o menores, el problema es qué hacer con sus hijos, dónde amamantarlos. Las cárceles carecen de condiciones [para esa posibilidad]. La solución es no encarcelar a las que tienen hijos [que requieren] de cuidado dependiente cuando no están condenadas por delitos violentos", señaló.
"Si están condenadas por delitos violentos que tienen que ver con abusos domésticos y están condenadas por matar a su marido, no son mujeres peligrosas que van a matar a otras personas", aseveró.
Víctimas eternas
Un informe de Washington Office on Latin America (WOLA, por sus siglas en inglés) planteó que el encarcelamiento femenino expone una realidad: son mujeres que, en su mayoría, viven en pobreza y marginalización, tienen bajos rangos de educación, enfrentan más vulnerabilidad económica que los hombres, están desempleadas o subempleadas, son las principales cuidadoras de hijos y ancianos, son víctimas de violencia doméstica y sufren problemas de salud mental y de drogadicción.
Las encarceladas por narcotráfico "cometen ofensas no violentas, la mayoría no tienen antecedentes penales y presentan bajos niveles de reincidencia", aseguró WOLA, institución de Estados Unidos de defensa de derechos.
"Estas mujeres usualmente operan en el nivel más bajo del crimen organizado y, generalmente, están involucradas en el tráfico de pequeña escala, transporte de drogas dentro de un país o a través de fronteras, la introducción de drogas en las prisiones y el cultivo de plantas para ser procesadas como sustancias controladas”, detalló.
Basado en cifras mundiales, el estudio mostró que, de 2000 a 2017, el encarcelamiento de mujeres aumentó 53%, mientras que el de los hombres subió 19%. Con respecto a América Latina y el Caribe, precisó que la población femenina y masculina en cárceles se incrementó "en proporciones alarmantes” y que en las últimas dos décadas “la tasa de reclusión se ha duplicado de 118.8 a 241 por cada 100 mil habitantes".
Un escenario de persecución a las mujeres surgió con la decisión de EU de lanzar, en junio de 1971, una guerra mundial contra las drogas. Este fenómeno es especialmente evidente en América Latina. Las mujeres latinoamericanas han sido desproporcionadamente afectas por estas políticas represivas, precisó el reporte.
Los datos disponibles "muestran que en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela los delitos relacionados con las drogas son los (…) más comunes para las mujeres privadas de la libertad", reveló, al confirmar que una encuesta de 2018 demostró que 87% de las encarceladas en ocho países del área tiene hijos e hijas.
En un desglose por raza, etnia, condición migratoria, con documentos de identidad, estado socioeconómico, condición de calle, dependencia de drogas, e historial de salud "que atraviesan las vidas en contextos de encierro", refirió que las negras o afrodescendientes en Brasil y Panamá “están desproporcionalmente representadas en las prisiones”.
Las indígenas son "una parte significativa de las (…) encarceladas" por casos de drogas en la región, pero en particular en México y Perú, subrayó. La investigación determinó que las mujeres migrantes o extranjeras son perjudicadas por "las políticas punitivas de drogas" y que, aunque los porcentajes "no son tan altos comparados con el resto de la población", enfrentan desafíos particulares: situación migratoria irregular, carencia de vivienda o empleo estables y dificultades para "lidiar" con un sistema de justicia penal al que desconocen.
Expuestas al crimen
Para la hondureña Regina Fonseca, directora de Incidencia Política Internacional del Centro de Derechos de la Mujer, de Honduras, "hay fallas estructurales por las que las mujeres están más expuestas a la criminalidad que las orilla a estar privadas de libertad, en especial por el narco".
Al plantear el contexto hondureño, reconfirmó a este diario que la principal causa de los arrestos es el narcomenudeo. "Ellas están en sus casas y son vigilantes de quienes entran y salen. Quizás es compañera sentimental de un hombre que está en esas bandas y le sirve tenerla en la casa cuidando a los hijos y haciendo trabajo de bandera [campana] ante cualquier eventualidad", dijo.
"Muchas son detenidas cuando llevan drogas a sus esposos a las cárceles en una forma de control y dominación sobre ellas que las hacen caer en esas trampas que pone el patriarcado a las mujeres. Por su pobreza, sólo están en posibilidad de acceder a un defensor público que está saturado de expedientes. Sus casos judiciales duran mucho más que la misma condena. Hay presas sin condena", aseguró.
"A diferencia de los hombres, las mujeres no tienen ni derecho a visita conyugal. Sus hijos e hijas tampoco las pueden visitar. Es una situación muy difícil y totalmente vulnerable", lamentó.
A consulta de este periódico, la socióloga guatemalteca Carmen Rosa de León, directora ejecutiva del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible de Guatemala, las presas "en su mayoría provienen de capas bajas urbanas y dos terceras partes asociadas a redes de extorsión.
"Viven en entornos en los que delinquir a veces es parte de la vida de las comunidades urbanas. Algunas son familia de pandilleros o están emocionalmente vinculadas a ellos. Ellas ingresan a esas redes por dos vías: por la romántica y emocional con algunos de los integrantes y porque son familiares de esos pandilleros", indicó.
"Juegan diversos papeles, como prestar su cuenta bancaria. Se ha localizado a mujeres adolescentes que llevaban mochilas con armas. Son utilizadas para llevar los teléfonos para la extorsión y cobrar el dinero. En nuestras investigaciones algunas mujeres nos dijeron que era el único trabajo al que tenían acceso", dijo.
Tras relatar que "es una cultura generalizada en las sociedades en el que el ámbito delincuencial se ve como algo natural", apuntó que “se naturaliza el delito como trabajo y única forma de sobrevivencia.
"Las mujeres se ven involucradas, como piensan muchas de ellas, en un trabajo o por la parte sentimental para las tareas más expuestas y fácilmente identificadas por las autoridades y por eso van a la cárcel. Son la base de la pirámide de los grupos criminales", contó.
Para las temibles Mara Salvatrucha (MS-13) y Mara 18 (M-18), las mujeres son desechables y fácilmente sustituibles por otras. Las familias se involucran en las organizaciones para obtener dinero y otros recursos y con el sector femenino relegado a la parte más baja de la estructura. En contraste con los cárteles del narcotráfico, donde las mujeres vinculadas emocionalmente a los capos ascienden y quedan a cargo de esas estructuras, en las maras "no hemos visto mujeres que suban y sean parte de la toma de decisiones", acotó. Por el contrario, las mujeres cumplen labores propensas a sufrir mayor persecución y… a ir a la cárcel.
