5 de Diciembre de 2025
Director Editorial Lic. Rafael Melendez | Director General - Dr. Rubén Pabello Rojas

Morena busca catalogar "fake news" como ataques a seguridad nacional

 

 

 

 

 


EL UNIVERSAL

CIUDAD DE MÉXICO

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados alista la aprobación de una reforma constitucional al artículo 73 de la Carta Magna para considerar las noticias falsas o "fake news" como un ataque a la seguridad nacional. De acuerdo con el dictamen circulado entre los diputados federales de la Comisión de Puntos Constitucionales, se busca reformar el inciso XXIX-M del artículo 73 de la Constitución Política para que el Congreso de la Unión expida leyes en materia de seguridad nacional, que incluyan la seguridad cibernética y protección de los derechos humanos en el ciberespacio, estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes.  
Sin embargo, en la exposición de motivos de este proyecto, que se considera en sentido positivo, describe que ante el escenario actual es importante crear conciencia sobre la relevancia de los riesgos que se presentan en materia de ciberseguridad como garantizar la seguridad de los usuarios y del Estado en el ciberespacio. Describe que esto se ha convertido en un objetivo prioritario en las agendas de la mayoría de los gobiernos, ya que puede afectar los derechos de los cibernautas en cuestiones tales como ciberacoso, ciberbullying, fraudes cibernéticos, acoso sexual, extorsión a las empresas mediante el secuestro, por ejemplo, de su contabilidad, y afectaciones a la seguridad nacional. Por lo que, dice el documento, es indispensable construir una Estrategia Nacional de Ciberseguridad, semejante a la de otros países, que incluya un fuerte marco jurídico; promover buenas prácticas; formar especialistas; colaborar con la iniciativa privada; y vigorizar la ciberdefensa.  
Describe que la tecnología hoy en día es una necesidad inevitable en todos los ámbitos: el internet es la muestra de su progreso y su utilidad, y su desarrollo ha favorecido traspasar barreras para la comunicación, el gobierno y los negocios, constituyendo parte fundamental de la vida social, laboral y recreativa de las personas, sobre todo de los jóvenes. "Esa realidad inminente, ha propiciado el intercambio de datos de toda índole tanto en plataformas públicas como privadas, siempre con la aparente confianza de que no existe riesgo por el tratamiento que se le dé a esa información; no obstante, no todo lo que se puede encontrar en la red de internet es confiable y, en consecuencia, no toda la información que se entregue de manera voluntaria está libre de ser vulnerada, y muestra de ello han sido los cibertaques que se generan cada vez con mayor frecuencia". 
En efecto, define el proyecto, es un ciberataque es un intento de acceder ilegalmente a un sistema electrónico o a una red informática a fin de extraer información o interrumpir su funcionamiento. Estos ataques cibernéticos constituyen un riesgo natural al que se ve comprometida la seguridad nacional desde distintos ámbitos, toda vez que no escapan a la realidad actual los cambios en cuanto a gobernabilidad (trámites en línea), sector privado (negocios, ventas) y sector social (recreación y ocio), porque afectan la integridad de los sistemas electrónicos producidos para tal efecto, robos de identidades y hasta delitos.
"Igualmente, considerando el impacto de las redes sociales, así como que se convirtieron en el medio masivo de información, los ciberataques también se pueden actualizar con las noticias falsas que comprometen, en muchas ocasiones, la toma de decisiones de la sociedad, y no menos importante e incluso potencialmente delicado, la seguridad infantil, por el tipo de información a la que los menores son vulnerables, así como el acoso infantil a través de internet o ciberbullying", define el dictamen que proviene de la iniciativa presentada por el diputado de Morena, Javier Salinas Narváez.
Agrega que la red de internet comprometida en todos los sectores sociales, la enfermedad Covid-19, y el necesario resguardo de la población a la mayor escala posible, vino a impactar de manera trascendental en el uso de tecnologías, siendo el único mecanismo viable para la comunicación de masas y celeridad de respuesta, lo que trajo como efecto inmediato ciberataques más constantes que revelan la clara necesidad de regular en materia de ciberseguridad.

Para senadores del PAN es censura

La propuesta para regular las redes sociales que lanzó el senador Ricardo Monreal Ávila, es un intento de censura y muestra los tintes autoritarios de la actual administración, acusaron senadores del PAN.

En un comunicado de prensa, los senadores rechazaron la iniciativa de Morena por considerar que pretende censurar las redes sociales y lamentó que estas sean las prioridades del partido en el Gobierno, en lugar de proponer y aprobar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país.

"Mientras en otros países, los congresos están legislando sobre medidas para enfrentar la pandemia, como el fortalecimiento del sector salud, personal médico, infraestructura hospitalaria o vacunas, y en medidas para apoyar a las personas que han perdido su empleo y a los pequeños negocios que son amenazados por cerrar, la prioridad de Morena es regular las redes sociales", reprocharon.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, difundió su propuesta para regular las redes sociales digitales que incluye sanciones económicas hasta por 89 millones 600 mil pesos a las empresas que vulnere la libertad de expresión.

De acuerdo con el proyecto, el objetivo de la iniciativa es proteger la libertad de expresión de los usuarios de redes sociales, tanto en el ámbito individual y colectivo, además de evitar la "censura masiva y discrecional" de los particulares propietarios de las redes sociales.

Los legisladores consideraron que se pretende facultar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), un ente del Gobierno, a resolver sobre impugnaciones que presenten usuarios contra una red social, lo cual resultaría en un retroceso porque el IFT depende del Poder Ejecutivo y no está especializada en derecho a la información, libertad de expresión ni protección de datos personales.

"Le daría al gobierno un instrumento que le permita negar el acceso de una red social al mercado mexicano, o para revocar o no renovar una autorización de funcionamiento, lo que significa un riesgo mayor para la libertad de expresión", acusaron.

Atribuyeron la iniciativa a "los rasgos autoritarios de este Gobierno (...) pues les incomodan las voces críticas, los cuestionamientos y las exigencias que se le hacen desde los medios de comunicación y las redes sociales, por lo que pretenden acallar las voces que señalan el evidente y cada vez más profundo fracaso de este Gobierno".