Destaca que el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo en el país durante los últimos años, específicamente desde el año 2006, año en que se inició una guerra al narcotráfico.
En el contexto de esta guerra el número de periodistas asesinados o desaparecidos se incrementó significativamente, especialmente en medios locales donde persistía un clima de inseguridad por la presencia de grupos ligados al narco.
De acuerdo al informe “Ataques a la prensa” presentado en 2013 ante la ONU por el Comité de Protección de Periodistas, en ninguna otra parte del mundo han desaparecido tantos periodistas como en México, destacando que 12 reporteros se encuentran desaparecidos, de los cuales al menos nueve fueron reportados como tal durante los seis años del presidente Felipe Calderón.
En cuanto a la cifra de asesinatos, el Comité de Protección de Periodistas señala que 14 profesionales de la información fueron asesinados en represalia por su trabajo durante el sexenio calderonista, marcando así el periodo del gobierno panista como “uno de los más violentos para la prensa en el mundo”.
Por su parte la organización Reporteros Sin Fronteras subrayó que actualmente el país vive altísimas cotas de autocensura, tras un decenio de masacres que han costado la vida a 88 periodistas desde principios de este siglo y 18 desaparecidos.
El responsable en América Latina de RSF, Benoît Hervieu, aseguró que el número de asesinatos en México durante 2013 descendió de 6 a 2, aunque recalcó que la autocensura ha contribuido a esa reducción.
En cuanto a los niveles de impunidad, México cuenta con al menos 15 casos de asesinato de periodistas sin resolver en la última década, y es el octavo país en el mundo con los peores resultados en el combate a la violencia letal contra la prensa, de acuerdo con el Índice de impunidad del Comité de Protección a Periodistas, que resalta los países donde los asesinatos de periodistas se suceden con regularidad y las autoridades no resuelven los crímenes.
Así vivió la prensa mexicana el 2013
De enero a septiembre de 2013, la ONG internacional Artículo 19 documentó un total de 225 agresiones, lo que supera al total anual de agresiones del 2012, en el cual se registraron 207 y al total de 2011 en el que se documentaron 172 agresiones.
En nueve meses, 2013 se convirtió en uno de los años más violentos contra la prensa.
En Veracruz, el desalojo de maestros en la Plaza de Lerdo, en el municipio Xalapa, la madrugada del sábado 14 de septiembre, además de evidenciar la política de reprimir la protesta social, dejó al descubierto la ineficacia de las autoridades locales para castigar a los policías responsables de agredir a tres periodistas y un comunicador social que documentaron el acto.
La agresión más grave a la libertad de expresión documentada en este tercer trimestre del año, es el asesinato del periodista de El Imparcial de Oaxaca, Alberto López Bello, ocurrido la madrugada del miércoles 17 de julio de 2013.
López Bello era un periodista especializado en temas de seguridad pública, y el 18 de mayo, es decir dos meses antes del asesinato, fue detenido ilegalmente por policías estatales cuando fotografiaba unas mantas con mensajes escritos por grupos delincuenciales.
En Oaxaca, en el municipio de Loma Bonita, el periódico El Piñero de la Cuenca fue blanco de 13 agresiones a la libertad de expresión. La noche del sábado 27 de julio, un artefacto explosivo de fabricación casera estalló en la puerta del periódico sin dejar daños en el inmueble y en el personal que en esos momentos ahí laboraba.
Apenas tres semanas antes, ocho voceadores del medio habían sido objeto de 11 actos de intimidación y ataques físicos, cuando un grupo de personas ligadas a un político local los golpearon y les robaron los ejemplares en lo que se informaba de la quema de boletas electorales durante las elecciones del 7 de julio.
La última agresión a un colaborador de El Piñero de la Cuenca se registró el sábado 10 de agosto, cuando un grupo de personas quemaron el automóvil de Filadelfo Figueroa, corresponsal del medio en la ciudad de Oaxaca.
“Aun cuando en todos los casos los colaboradores del periódico han identificado a sus supuestos agresores, no hay detenidos ni sancionados por esos hechos”, denuncia la ONG.
