*Sólo autoridades de la Procuraduría capitalina podrán dar a conocer avances
*Información ventilada vulneraba derechos de las víctimas, puntualiza abogado
El Universal
México, DF
Sólo Rodolfo Ríos, titular de Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF), la titular de Comunicación Social y el subprocurador de dicha dependencia podrán hacer declaraciones sobre el caso Narvarte, aclaró Leopoldo Maldonado, abogado de la familia del periodista Rubén Espinosa, luego de señalar que les fue otorgada la suspensión definitiva al amparo contra filtraciones.
La información filtrada "es la que está vulnerando los derechos de las víctimas y el propio derecho a la información de la sociedad", señaló el abogado; además consideró que es preciso ampliar este amparo "a otras unidades, o a otras dependencias del Gobierno del DF".
En entrevista telefónica, Maldonado señaló que la cuestión de fondo sigue en trámite: "La audiencia constitucional será a finales de mes".
Por ahora, precisó: "Tenemos la suspensión definitiva para lo que resta del juicio", en un amparo que únicamente incluye a los agentes del Ministerio Público que integran la averiguación; así, el procurador Rodolfo Ríos, la subprocuradora, la directora de Comunicación Social y el fiscal pueden declarar sobre este asunto.
Maldonado explicó que hay obligación de resguardar datos personales e información sensible que pudiera comprometer el éxito de la investigación, así como datos que pudieran comprometer el buen nombre de las víctimas.
El abogado mostró su inconformidad con el diario La Razón, pues antes de la declaración de Abraham Torres ya daba testimonio de la declaración; además, filtró que tiene fotografías de los celulares de los presuntos responsables: "Eso sí nos parece sumamente grave".
En torno a la publicidad de los juicios, Leopoldo Maldonado sostuvo que en este punto entra en juego la responsabilidad de los medios de comunicación, así como el tipo de información que dan a conocer.
El dato
El abogado Leopoldo Maldonado explicó que existe obligación de resguardar datos personales e información sensible que pudiera comprometer el éxito de la investigación, así como datos que pudieran comprometer el buen nombre de las víctimas.
