*Admite Procuraduría de Justicia michoacana
*PGR recibe expediente del caso; atrae investigación
El Universal
México, DF
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán, José Martín Godoy Castro, admitió que hubo disparos a corta distancia en los cadáveres de algunos de los 42 civiles que fallecieron el 22 de mayo en el enfrentamiento en Tanhuato.
Sin embargo, matizó diciendo que este hecho no significa que las víctimas hayan recibido el “tiro de gracia”.
"Existe no tiro de gracia [sic], pero sí tiros a corta distancia: un metro, dos metros, metro y medio (...), pero no porque una persona recibió un disparo a corta distancia, no por eso una persona fue ejecutada", acotó.
En entrevista radiofónica, el procurador señaló: "Con precisión, no me gustaría pronunciarme sobre este tema, pero sí hay personas que tienen tiros en diversas partes del cuerpo".
Lo anterior, luego de que la PGJE se declarara incompetente sobre el caso de los hechos ocurridos durante la madrugada del pasado 22 de mayo en el municipio michoacano, sobre el kilómetro 370 de la Autopista de Occidente México-Guadalajara, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal (PF).
La Procuraduría General de la República (PGR) informó que recibió el expediente que contiene la averiguación previa relacionada con el caso.
Al respecto, la titular de la PGR, Arely Gómez González, instruyó a su personal a iniciar de inmediato un análisis exhaustivo, que incluya la revisión detallada del caso.
“Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) deberá agotar todas las líneas de investigación, en las que se incluyan además otras diligencias”, señaló la comunicación oficial de la PGR.
Al mismo tiempo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a aportar más elementos que permitan esclarecer la muerte de los 42 civiles muertos, la mayoría relacionados por la autoridad federal con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De los 42 civiles muertos, falta uno por identificar, quien a pesar de sus características corporales no ha sido reclamado por sus familiares.
Se trata de una persona de entre 40 y 45 años de edad, con tatuajes en todo el cuerpo, entre ellos, unas letras grabadas en el cuello con las siglas CJNG, así como distintos nombres de mujeres y centros de trabajo en los que se presume había laborado.
En su momento, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que la reyerta se presentó en el marco de la Operación Jalisco, iniciada el 1 de mayo, y en seguimiento a una averiguación previa por la invasión a una propiedad que se ubica en el municipio por parte de personas armadas.
Rubido insistió en que la actuación de la PF fue para defenderse de una supuesta agresión a tiros desde el interior del Rancho del Sol, luego de que civiles armados detectaran la presencia de las corporaciones de seguridad y tras la persecución de dos personas que huían en un vehículo que los guiara hasta ese predio.
Esta versión ha sido contradicha por abogados y familiares de las personas fallecidas, quienes si bien reconocieron que varios de los ejecutados a tiros trabajaban directa o indirectamente para el crimen organizado, también denunciaron que hubo excesos en el uso de la fuerza pública durante el operativo.
“Te puedo decir que por las heridas que presentaban, sí le falló a las autoridades el montar el teatro para hacerlo ver natural, porque prácticamente a la hora de fotografiar los cuerpos que presentaban los disparos por la espalda, los hacían ver como si estuviesen en huida (…) La verdad es que sólo fue el reacomodo de los cuerpos, porque fueron victimados en ejecución”, señaló el abogado José Ochoa, quien asesoró a los familiares de al menos 37 de las 42 víctimas.
