WASHINGTON.— Una poderosa coalición de organizaciones demandó ayer al presidente estadounidense, Barack Obama, no pasar a la historia como “el deportador en jefe” de dos millones de indocumentados que han pagado muy caro la incapacidad de demócratas y republicanos para hacer realidad una reforma migratoria.
Al presentar un recurso legal para frenar la deportación de más de mil indocumentados por día, agrupaciones legales y sindicales demandaron al presidente autorizar una expansión del Programa de Acción Diferida (DACA) que ha permitido salvar a más de 2 millones de hijos indocumentados —los llamados dreamers— y evitar que miles de familias sigan sufriendo la separación de sus seres queridos.
“Pido al presidente que no me separe de mis hijos y mi esposa y que cumpla con sus promesas”, aseguró José Luis Piscil, un inmigrante originario del estado de Tlaxcala, México, que busca acogerse al DACA en caso de que la administración dé una respuesta favorable a la petición formal que ha sido presentada en su nombre. En entrevista con EL UNIVERSAL, Piscil narró la peripecia que ha vivido desde que fue detenido por la policía en junio de 2012 y la decisión que conocerá el 20 de marzo, cuando el juez determinará si es deportado y separado de su familia.
“Vine con 18 años de edad en busca de un mejor futuro. Buscando el sueño americano. Y hoy todo se ha convertido en una pesadilla”, asegura este joven que ha realizado todo tipo de trabajos para poder mantener a su esposa y sus dos hijos, uno de ellos enfermo del corazón.
“Por un pleito con un primo, éste me denunció. Y desde entonces hemos vivido un calvario”, añadió este inmigrante que viajó a Washington desde New Haven, en Connecticut, para formar parte del recurso legal presentado en nombre suyo —aunque con impacto en millones—, ante el Departamento de Seguridad Interior (DHS).
Por primera vez en la historia, organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes echaron mano de un recurso legal poco conocido, que opera bajo la Ley de Actos Procedimentales, para demandar al Departamento de Seguridad Interior y a Obama la expansión de facto del DACA que aprobó para evitar la deportación de casi 2 millones de hijos de indocumentados.
Obama anunció la implementación de ese programa en agosto de 2012 para beneficiar a los dreamers: jóvenes menores de 30 años, hijos de indocumentados, que hayan llegado a EU antes de los 16 años, hayan vivido en este país al menos cinco años, que cursen la escuela o estén o hayan prestado servido en las fuerzas armadas y que carezcan de antecedentes penales.
“Queremos que el presidente reconozca que el DACA no es el límite a su capacidad como jefe del Ejecutivo para ordenar el cese de las deportaciones”, aseguró Peter Markowitz, abogado y director del programa legal especializado en asuntos de migración del Instituto Cardozo, en Nueva York. La poderosa central sindical de la AFL-CIO, la Red Nacional de Jornaleros (NLDON) y la Escuela de Leyes Cardozo de Nueva York forman parte del frente de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes.
Representantes del presidente de AFL-CIO, Richard Trumka, pidieron a Obama no pasar a la historia como el hombre que deportó a dos millones de indocumentados y le demandaron centrar las redadas y deportaciones en los criminales que tengan serios antecedentes penales. “Necesitamos una medida que haga frente a la crisis humanitaria que estamos viviendo todos los días con la deportación de mil personas al día”, dijo Ana Avendaño, de la AFL-CIO.
En tanto, el republicano Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, echó ayer un jarro de agua fría a las expectativas de que el Congreso apruebe una reforma migratoria este año al afirmar que las diferencias entre los proyectos de ambas cámaras son irreconciliables.
“El Senado insiste en (un paquete legislativo) integral. La Cámara de Representantes dice que no irá a conferencia con la iniciativa del Senado y quiere actuar paso a paso”, dijo.
