MÉXICO, D.F., marzo 10 (EL UNIVERSAL)
Habrá cero tolerancia para los funcionarios que hagan mal uso de los programas sociales, las sanciones podrían ir de 12 años de prisión hasta la destitución del cargo, señaló la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Durante la segunda jornada de capacitación sobre blindaje electoral, realizada en Jalisco, a funcionarios de Prospera, Liconsa, Diconsa, Inapam y Fonart, el director general de Legalidad de la Unidad de la Abogada General de Sedesol, Óscar Ernie Orozco Perea, señaló que "habrá cero tolerancia para los funcionarios que hagan mal uso de los programas sociales, sin distinciones".
Orozco Perea advirtió que el personal que abuse de los programas sociales, hagan proselitismo en favor de partidos políticos y/o candidatos, o aprovechen la imagen institucional del partido en el gobierno serán acreedores de sanciones administrativas e incluso a la cárcel.
Aseguró que se aplicará todo el peso de la ley a los servidores públicos" que incumplan con las disposiciones de la ley electoral. Recordó que las sanciones pueden ir de dos a 12 años de prisión sin derecho a fianza, y si la falta es administrativa, puede ir desde una amonestación hasta la destitución del cargo.
Orozco Perea informó además que los programas de Abasto Rural y de Abasto Social de Leche, a cargo de Diconsa y Liconsa, así como los Comedores Comunitarios y las Estancias Infantiles, funcionarán de manera cotidiana, incluso durante el periodo electoral.
Sin embargo, de acuerdo a las medidas del Programa de Blindaje Electoral 2015 de Sedesol, serán adelantadas las entregas de apoyos a los beneficiarios de Prospera, Programa de Inclusión Social; Pensión para Adultos Mayores y de los programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).
Explicó que se prevé entregar dichos recursos en los primeros días de abril, ya que "el blindaje electoral comprende del 23 de abril al 7 de junio, y si bien los programas no se suspenden, el acuerdo es adelantar la entrega de los apoyos monetarios, para no vulnerar los derechos de los beneficiarios".
Asimismo, se informó que a partir del 23 de abril se suspenderán las reuniones masivas con los beneficiarios y la distribución de propaganda gubernamental alusiva a programas sociales, y que 48 horas anteriores a la jornada electoral se resguardarán los inmuebles y el parque vehicular de Sedesol.
El pasado 2 de marzo Sedesol firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE), en el cual se establecen bases y mecanismos para evitar que los programas sociales se utilicen con fines político-electorales.
