MEXICO, D.F., febrero 3 (EL UNIVERSAL)
Tras designar a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública (SFP), el presidente Enrique Peña Nieto anunció ocho acciones ejecutivas a fin de combatir la corrupción y evitar conflictos de interés entre funcionarios de la administración pública federal.
En este marco, el mandatario solicitó a la SFP que investigue si hubo conflicto de interés al comprar las casas de Las Lomas y de Ixtapa, propiedades de su esposa y suya, respectivamente, y la del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, con empresas que han ganado contratos del gobierno federal.
"Reafirmando mi absoluto compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a empresas que celebraron compraventa de inmuebles con mi esposa, con el titular de la SHCP y con un servidor", indicó.
En un mensaje a medios, Peña Nieto agregó que "en el ánimo de generar plena confianza y transparencia" ha solicitado al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública reunir un panel de expertos, con reconocido prestigio en materia de transparencia, para que conozcan y evalúen los resultados de la investigación que realizará.
En el Salón Manuel Ávila Camacho, de la residencia de Los Pinos, expresó que no obstante de "que en todo momento mi actuar se ha apegado al marco jurídico vigente, en meses pasados se hicieron diversos señalamientos sobre posibles conflictos de interés en mi gobierno".
Dijo que es importante precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala a la letra que habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión.
Reforzó: "Esto nunca ha sido el caso en mi responsabilidad como Presidente de la República, y tampoco en mis cargos públicos anteriores".
Enfatizó que las contrataciones se sujetan a los procedimientos que marca la ley, y en ninguno de ellos participa el Presidente de la República. "En el ejercicio de mis funciones siempre me he conducido con imparcialidad y apego a derecho", atajó.
El Presidente de la República reforzó: "Y aquí quiero ser enfático, el Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios. Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió".
Consideró que esta percepción se explica, en gran medida, porque en México no se tienen los instrumentos normativos para determinar con claridad cómo declarar posibles conflictos de interés.
Apuntó que la doctrina habla de tres tipos de conflictos de interés: los reales, en los que el funcionario público actúa de forma indebida y viola el marco legal al tomar decisiones a partir de intereses personales, familiares o de negocios.
Los conflictos de interés potenciales o posibles, en donde aún no existe el conflicto, pero en un futuro es probable que pueda generarse y, por tanto, preventivamente debe declararse.
Y otro los aparentes, en donde -detalló Peña- existe la percepción social o la sospecha de que hay un conflicto de interés, sin que en realidad exista influencia indebida en la toma de decisiones, ni violación legal alguna.
"Esto es lo que dice la doctrina con respecto al conflicto de interés. Ante ello, México necesita adoptar un enfoque moderno, que garantice con políticas públicas efectivas que la toma de decisiones gubernamentales no sea vulnerada por intereses privados".
El Presidente de la República enfatizó que su administración está decidida a realizar una gestión pública y cercana a la gente, está comprometida a ser un gobierno más moderno, eficaz y sobretodo transparente.
Indicó que por ello el gobierno de la República ha solicitado la asesoría y acompañamiento de la OCDE ñ, la cual agrupa a 34 países de mayor desarrollo en el mundo y en consecuencia -dijo- está a la vanguardia en las buenas prácticas para la gobernanza.
Anunció que en breve las Secretarías de Relaciones Exteriores y de la Función Pública suscribirán un acuerdo de cooperación técnica con este organismo internacional.
El presidente Peña Nieto subrayó que la corrupción en México es un problema estructural que se tiene que enfrentar entre todos. Agregó que pese a los esfuerzos emprendidos en las últimas décadas la percepción sobre este problema no ha mejorado.
