22 de Noviembre de 2024
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Piden juicio de procedencia contra cabildo orizabeño

 

 

 

 

 

 

 

Por prohibir la publicidad política.

Redacción

Orizaba

Ciudadanos orizabeños solicitarán al Congreso del Estado se inicie un juicio de procedencia en contra del Presidente Municipal Igor Rojí y los Regidores Emmanuel Gómez García y Ana Teresa Herrera Aguilar, al considerar que la prohibición de propaganda política en la ciudad es un abuso de autoridad.

"Llamamos a la ciudadanía a interponer las quejas necesarias ante el Congreso del Estado, incluido, la petición de un Juicio de Procedencia por la violación sistemática de la ley y el abuso de autoridad que encierra el acuerdo aprobado por el Ayuntamiento de la Ciudad de Orizaba, solo basta recordar que como ha dicho el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “nada encima de la ley”, así lo señaló el ciudadano orizabeño Canek Arenzano.

Señaló que la conquista de las libertades democráticas en el país, han sido el resultado de muchos años de lucha del pueblo: "Transitar de un sistema de partido casi único sin competencia electoral, donde el PRI controlaba discrecionalmente toda actividad pública, a un sistema de partidos con competencia electoral, no fue una concesión gratuita del viejo régimen, sino fue el resultado de esfuerzos colectivos de voluntades para conquistar y fortalecer una democracia electoral, que incluso vaya más allá de las elecciones y abarque la mayor participación de los ciudadanos en la toma de las decisiones públicas".

Detalló que en el tema de la propaganda electoral, como en toda la jurisprudencia electoral, desde la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha quedado claramente establecido, que sólo la cámara de diputados y las Congresos locales, tienen la competencia en esta materia.

Por lo que son ellos, los que pueden aprobar o rechazar nuevas definiciones e incorporar nuevos conceptos jurídicos políticos.

"En tal sentido, ninguna autoridad municipal, ninguna, puede invadir la esfera de competencia en materia electoral, y mucho menos, esbozar conceptos como “propaganda obsoleta”, y lo peor, prohibir la colocación de la misma, ya que violenta el marco jurídico que hoy rige las reglas democráticas en nuestro país.

“Es una aberración jurídica proponer la prohibición de propaganda electoral, bajo el absurdo argumento de que un Ayuntamiento puede a partir de un Reglamento municipal, o bien desde un Acuerdo de Lineamientos de tipo administrativo de una secretaria de la administración pública federal, prohibir la colocación de propaganda política, y por consiguiente electoral.

“Antes de ser un pueblo mágico, hay que recordar que somos un Municipio Libre, que tiene un ayuntamiento Constitucional, que ha jurado velar por el cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave".

Por tanto reiteró que ningún reglamento, por avanzado o “noble” con el medio ambiente, puede sustituir el marco constitucional.

"El Acuerdo del ayuntamiento aprobado el día jueves 15 de octubre del presente, es un acto violatorio de diversas disposiciones legales federales como locales en materia electoral y de derechos humanos, así como también vulnera Tratados Internacionales que ha suscrito México, y que en materia de Derechos Humanos, tienen jerarquía de norma superior".

Canek Arenzano afirmó que ante la preocupación de la ciudadana por esta serie de violaciones a sus derechos fundamentales, hacen público que recurrirán a los mecanismos necesarios legales para revertir esta disposición aprobada por el Cabildo el pasado 15 de octubre del presente.

"Llamamos a la ciudadanía a recurrir a los amparos necesarios, y a interponer los Juicios de Protección de los Derechos Políticos Electorales ante el Tribunal Electoral, que sean necesarios. Llamamos a los partidos políticos a interponen las quejas respectivas antes los órganos electorales, a nivel federal como local, para defender el derecho a la manifestación de las ideas, y de la vida democrática. También a los diputados locales, y federales, a interponer los recursos que ellos consideren necesarios en el ámbito de sus competencias".