Rodrigo Barranco Déctor
Veracruz
En México existe una fuerte tendencia a la opacidad debido a la desorganización y por no tener la información al día; y las instituciones que más generan recursos de revisión son: la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Hacienda.
Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), aclaró que comúnmente esto se da entre dichos organismos porque contestan mal a las solicitudes de información.
En materia de datos personales el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) destacan entre los errores de manejo de respuestas a los solicitantes de información. Le siguen la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Educación Pública (SEP), entre otras dependencias.
Aunque no pueden combatirse la resolución del INAI, Acuña Llamas admitió que no existen medidas de apremio ni sanciones, por eso se buscan cambios desde la ley federal.
“Cuando una solicitud de acceso a la información es burlada, respondida parcialmente o evasivamente, el ciudadano tiene que inconformarse, y así como usaron la plataforma tecnológica, ahí mismo deben contestar e ir al INAI para decir que la respuesta no les pareció. Con eso inicia un recurso: llamamos al sujeto obligado para que modifique la respuesta, resolvemos el asunto y se denuncia públicamente”, señaló.
Con la entrada de Ley General de Transparencia, que homologa el derecho al acceso a la información, se triplicaron las obligaciones de los sujetos obligados para que en sus portales de Internet cubran lo pertinente para despejar dudas y se disminuya las solicitudes de información.
Las peticiones se basan en estadísticas sobre lo que hacen las instituciones públicas, costos de procedimientos, información de los procedimientos que se efectúan, sueldos, remuneraciones, gastos de programas de Gobierno, entre otros.
Y aunque algunos estados ya cuentan con medidas de apremio, falta la homologación nacional en la materia.