Juan David Castilla
La Fiscalía General del Estado (FGE) dejó de aplicar la figura de la prisión preventiva justificada en el delito de tentativa de feminicidio.
A una semana de las elecciones, autoridades estatales optaron por no aplicar la prisión preventiva justificada en un proceso de orden penal, por lo que la víctima tiene la intención de exponer el caso ya que se presume existió una tentativa de feminicidio, acontecido en la ciudad de Xalapa, la capital de Veracruz.
Asimismo, se expone el caso como un claro ejemplo de contradicción en un proceso penal que recae en la perspectiva de género.
La afectada considera que esta decisión plantea cuestionamientos significativos sobre el enfoque de la administración de justicia en el estado y, en un nivel más amplio, sobre las políticas gubernamentales bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La víctima, de identidad reservada, narra los hechos que sufrió el 21 de agosto de 2023, día en el que casi pierde la vida al ser agredida brutalmente por dos personas.
“Ese día fui agredida por los imputados Julio Cesar N y Estibaliz Habibi N de manera violenta. Me tiraron al suelo, y en el piso me patearon la cabeza. Yo no sabía si iba a sobrevivir al ataque, pero algunos vecinos se acercaron y los agresores huyeron. En consecuencia, sufrí múltiples lesiones en las extremidades, pero el mayor daño lo recibí en la cabeza, presentando una hemorragia interna considerable, que aumentaba y me provocaba distintos síntomas, entre ellos, dolor de cabeza muy fuerte. Por lo anterior, meintervinieron de manera quirúrgica, intervención que consistió en una pequeña incisión en el cráneo para liberar la presión causada por el exceso de sangre, lo cual me ha ayudado a soportar más los dolores de cabeza”, relató.
Insiste en que la omisión de la prisión preventiva justificada en el Proceso Penal 525/2024, contradice la visión de López Obrador, quien había enfatizado la importancia de esta medida como un instrumento efectivo para garantizar la seguridad pública y prevenir la impunidad, sobre todo considerando la gravedad del delito que se persigue.
Esta discrepancia entre la política gubernamental y su aplicación práctica subraya la complejidad de los desafíos que enfrenta el sistema judicial mexicano en la actualidad.
La víctima dice sentirse contrariada por la medida cautelar que solicitó la Fiscalía para los imputados.
“En su momento, la Fiscal Quinta Especializada en Investigación de Delitos, Violencia contra la Familia Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas adscrita al décimo primer distrito judicial de la ciudad de Xalapa, Veracruz, titular de la Carpeta de Investigación XAL/DX1/FEMUJ/F5/560/2023, solicitó se girara órdenes de aprehensión para detener a los imputados Julio Cesar N y Estíbaliz Habibi N, reconociendo el riesgo que representa para mí el hecho de que los imputados estén en libertad, sin embargo, en la audiencia, fue muy sorprendente que la Fiscal haya decidido que la medida cautelar más adecuada para ellos fuera la de arraigo domiciliario y no la de Prisión Preventiva Justificada como yo pensaba”, narró.
Asimismo, está atemorizada por lo que pueda sucederle, pues teme por su vida, luego de que casi se la arrebatan a golpes.
“Todos los días me encuentro ansiosa, pues tengo miedo de salir a la calle y encontrarme a mis agresores frente a frente y que me vuelvan a golpear y humillar como ese día”.
La agraviada considera que la decisión de no aplicar la prisión preventiva justificada plantea interrogantes sobre la coherencia y la eficacia de las políticas implementadas por las autoridades estatales, ya que, a través de la prisión domiciliaria se le da un beneficio al imputado afectando su seguridad.
A su juicio, esta situación destaca la importancia de una revisión exhaustiva de los protocolos y prácticas judiciales para asegurar la protección de los derechos humanos y la aplicación imparcial de la ley en todo el país.
