Xalapa, Ver (AVC).
Integrantes de Colectivos de Búsqueda Buscando a Nuestros Desaparecidos Veracruz solicitaron al Congreso de Veracruz, un paquete de acciones para garantizar la búsqueda, localización e identificación humana, ante el rezago que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE).
Anais Palacios Pérez, integrante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, AC, y acompañante de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, explicó que en base a una investigación documental encontraron que la FGE tenía 45 mil restos humanos sin identificar.
Esos datos, dijo, los obtuvieron en base a información que se entregó al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y contenía información del 2006 al 2018, por lo que consideró que el número de restos, que siguen en calidad de desconocidos, se disparó.
En entrevista, luego de sostener una reunión con diputados locales, explicó que se entregó un documento en el que se piden una serie de acciones, competencia del Poder Legislativo, para atender el fenómeno de la desaparición de personas.
La principal exigencia, dijo, fue el que se pueda asignar un presupuesto únicamente para trabajos de identificación humana de restos que han sido exhumados de fosas clandestinas; y se dio el compromiso que el tema se iba a revisar.
La activista informó que autoridades de la Fiscalía han reconocido que el Centro de Identificación Humana de Nogales, que se construyó en la actual administración, ya está saturado.
Otro tema que plantearon a los legisladores fue el poder retomar la creación de la Comisión especial para la Desaparición de Personas en Veracruz, que daba seguimiento y acompañamiento a los colectivos.
También pidieron que se emita la convocatoria para renovar a las personas que son integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, pues quienes están ahora ya cumplieron su periodo de consejeras.
Se pidió sacar de la congeladora una propuesta para reformar la ley de desaparición de personas en Veracruz que busca ampliar de tres a cinco años el periodo de los integrantes del Consejo Ciudadano.
En el listado de temas pendientes, en los que podría tener injerencia el Congreso, se pidió revisar el presupuesto de la Comisión de Víctimas, y que se ponga atención sobre las reglas de operación para los beneficios de las víctimas, pues no hay claridad cómo se gasta ese dinero.
Además, se pidió, revisar porqué se están rechazando las recomendaciones por violación a derechos humanos que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEHD), especialmente de parte de la Fiscalía General del Estado, así como la Secretaría de Seguridad Pública
“Son parte importante de la investigación y desaparición de personas y nadie está solicitando la rendición de cuentas de por qué no se están aceptando”, explicó.
